El Tribunal Supremo ha anulado, atendiendo el recurso de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó y el Consorcio de Agua de la Marina Baixa, el decreto por el que el Gobierno aprobó la nueva demarcación hidrográfica del Júcar, que dio hace tres años prioridad al gobierno castellano-manchego de María Dolores De Cospedal en el reparto del agua en la cuenca, por encima de los regantes de l'Alacantí, Marina Baixa y las comarcas de Vinalopó.
Consecuencia directa de la decisión fue, por ejemplo, que el Júcar envíe todos los años a Castilla-La Mancha cien hectómetros cúbicos de agua para regar cereal, mientras se hipoteca el futuro del trasvase Júcar-Vinalopó, donde los usuarios tienen derecho a recibir hasta 198 hm3 al año. La sentencia devuelve a Alicante, Valencia y Albacete a línea de salida y, por ejemplo, ahora mismo el abastecimiento de la capital castellano-manchega debe hacerse mediante un trasvase, lo mismo que el Vinalopó.
El Ministerio de Agricultura aprobó en 2012 una nueva demarcación hidrográfica del Júcar (denominación que sustituye a la actual confederación) en la que incluyó como territorio Júcar a cuatro cuencas de Castilla-La Mancha, con 4.966 km2 de superficie -Los Llanos, Almansa, Pozohondo y sector occidental-, que tenían prioridad a la hora de establecer el reparto del agua del río y, por lo tanto, los caudales a asignar al Júcar-Vinalopó. El paso adelante del Ministerio de Agricultura representó un nuevo agravio para Alicante, que contempló cómo Castilla-La Mancha ganaba poder de decisión sobre el reparto del agua gracias a la inclusión de cuencas endorreicas (sin ríos), y puso en un brete el futuro legal del trasvase Júcar-Vinalopó.
La decisión se agravó al ir acompañada de otro rejón para la provincia, como es el que el Gobierno avaló lo que en su día planteó el Ejecutivo del PSOE que las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa salieran del territorio de la confederación y pasaran a formar parte las cuencas internas de la Comunidad Valenciana.
Una decisión que rompería el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí, certificando la defunción del trasvase, según advirtió en su día el catedrático de Geografía y exrector de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina. El planteamiento abrió un nuevo frente del Gobierno contra el sector agrícola alicantino y con el propio Consell. El tema era grave porque no sólo afectaba al futuro abastecimiento hídrico de una gran parte de la provincia de Alicante, sino que comprometía el suministro a la ciudad de Valencia, por la pérdida de peso de la Generalitat en la toma de decisiones en la cuenca del Júcar. El fallo del Supremo corrige la situación.
Poder castellano-manchego
Con el decreto que hoy anula el Tribunal Supremo, Castilla-La Mancha había ganado poder de decisión sobre el reparto del agua gracias a la inclusión de cuatro cuencas endorreicas, y forzaba así la ruptura del sistema Júcar-Vinalopó. El trasvase quedaba en una situación de precariedad total frente a Castilla-La Mancha, que hasta hoy tenía todo el control del agua del Júcar. Algo inadmisible que volvió a demostrar hace tres años que Alicante ha sido siempre una provincia ninguneada en los temas hídricos.
«Estamos ante una gran noticia pero no sólo para la provincia de Alicante sino para la Comunidad Valenciana en general y hoy es un día para dar las gracias a Vicente Amorós, abogado de la Junta, que es el que se trabajó el recurso de forma magistral como ahora se ve», subrayó ayer Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó.
