Falta de transparencia sobre el Mercado Central de Elche

La construcción del nuevo Mercado Central en Elche es una muestra más que evidente de todo eso. El empecinamiento del PP de Mercedes Alonso, apoyado en una mal entendida mayoría absoluta, unido a la falta de voluntad por sentarse a hablar con el conjunto de la ciudadanía ha provocado que la falta de trasparencia haya sido la característica de todo el proceso de adjudicación, que la Junta de Gobierno Local se ha guisado y se ha comido, sin compartirlo con el resto de la ciudadanía. Pese a ello, se insiste desde el equipo de Gobierno que se ha sido trasparente hasta límites no conocidos hasta ahora. Si tan trasparentes son, lo que deben de hacer es hacer público el contrato de adjudicación del proyecto para que, cualquier ciudadano, absolutamente cualquiera, pueda consultarlo si lo desea. Al fin y al cabo, se trata de una actuación pública, que se ejecuta sobre suelo público, y con ello propiedad de todos, no sólo de los pocos privilegiados que pueden consultar las condiciones de ese contrato. Eso sí sería trasparencia y si no hay nada que esconder tampoco tiene por qué haber problema en que ese contrato salga a la luz en su integridad.

De la falta de consenso falta de transparencia está todo más que demostrado con la sucesión de hechos vivida. Que no hay consenso suficiente para seguir adelante con el proyecto es más que evidente, tan sólo hay que ver la clara, y pública, división que existe entre los placeros, casi la mitad de los cuales aún espera que su Ayuntamiento les conteste, por escrito, como ellos han pedido, a las dudas que les suscita el proyecto como consecuencia de la falta de información que han sufrido, y siguen sufriendo.

Pero es que a todo eso se suman otros aspectos de índole jurídica en los que, al margen de ésta, han de ser valorados desde una perspectiva de la lógica. Algo esto último de lo que, por desgracia, la política actual carece, como le ocurre muchas veces también a los aspectos jurídicos. Si la lógica imperara, mejor nos irían muchas situaciones diarias, también en la gestión pública.

La interpretación jurídica lleva a muchos a pensar que de una lectura del Plan General de Ordenación Urbana se desprende que la instalación del mercado provisional no es posible en la zona verde (ex zona verde habría que decir porque se ha hecho desaparecer en una clarísima y grave agresión a nuestro medio ambiente) en la que se está ejecutando. El concejal Vicente Granero insiste en que todo es legal porque el Plan General permite la instalación provisional de elementos desmontables en esa zona.

La lógica aquí es muy simple, con una sencilla reflexión, concluida en pregunta, se entenderá: de nada sirve hablar de construcciones modulare, o desmontables porque de ser así, ¿una vivienda prefabricada y montada con módulos que se pueden desmontar, si la instalas en una parcela en el campo, en una parcela con menos de 10.000 metros cuadrados, verdad que se le abre un expediente de infracción urbanística, aunque se argumente que la instalación de esa vivienda en temporal? Por qué en el caso del Ayuntamiento, que no es el Ayuntamiento directamente sino una empresa privada, que saca beneficio de la actuación, la interpretación es diferente. Son preguntas cuya respuesta quizás no es difícil, pasando porque el equipo de Gobierno muestre a todos los ciudadanos el expediente de adjudicación, con todos los informes técnicos y demás documentos que contiene.

Hoy otra realidad jurídica en toda la polémica, que es que en las escrituras que disponen los placeros de sus puestos en el actual Mercado Central consta claramente que los concesionarios conservarán el derecho de ocupación mientras vivan siendo transmisible a su cónyuge o a sus descendientes o ascendientes directos con arreglo a lo dispuesto en la legislación civil vigente (año 1961). Se añade en ese contrato que con autorización municipal y previos los informes correspondiente, podrán ceder esos derechos de ocupación a cualquier persona, sea o no pariente suyo y siempre que abonen los derechos establecidos por el Ayuntamiento en el momento que se efectúe ese traspaso o cesión.

Del mismo modo, existe un punto en el que se indica que los concesionarios no podrán reclamar indemnización ni resarcimientos por daños y perjuicios que pudieran sufrir con motivo de serle declarada extinguida la concesión y que esta declaración fuese motivada a consecuencia de una reforma, traslado o cambio general que haya de llevarse a cabo en la distribución, utilización o régimen de los Mercados de la ciudad.

Esa es la Ley. Qué dice la lógica: Si hasta la fecha el conjunto de placeros ha cumplido escrupulosamente con sus obligaciones de pagar lo establecido por el Ayuntamiento en lo que se refiere a los cánones de ocupación y no existe constancia de que por parte de la Administración Local se les haya notificado, a los efectos del contrato "se les haya declarado", la extinción de dicha concesión, ¿qué parte de las dos está incumpliendo lo acordado? Debieran entenderse totalmente válidos todos y cada uno de esos contratos en los que cada uno de los adjudicatarios ha asumido el pago de sus cuotas.

Seguramente, todo estaría resuelto si se hubiese partido de la trasparencia y se hubiese echado mano de la participación del conjunto de la ciudadanía para decidir una actuación que afecta al futuro de nuestra ciudad, la de todos, no sólo la de unos pocos. Sólo buscando el consenso se hubiese dado solución a la polémica.

Pero a los políticos que nos gobiernan, no les interesa ni el consenso, ni la participación ciudadana, ni la trasparencia, ni, por supuesto la lógica, sólo están interesados en las mayorías absolutas mal entendidas.