El concejal de Empresa y Empleo de Elche, Luis Ángel Mateo, acudió ayer a la Ciudad de la Justicia citado por el Juzgado de Instrucción número 2 para declarar en calidad de querellado -acompañado de abogado y con las mismas garantías que en calidad de imputado, aunque a raíz de una querella- para explicar cómo y por qué decretó la reapertura de un local de ocio sobre el que había sucesivas quejas de un vecino y partes de mediciones sonométricas de la Policía Local que indicaban que superaba el volumen máximo legal. El vecino, José Tormo (miembro de la Plataforma de Afectados por el Ruido) interpuso la querella, que fue admitida a trámite, y la juez que dirige la instrucción está recabando la información necesaria para decidir si aprecia indicios de delito y continúa adelante o si archiva el asunto. En este punto, el concejal declaró ayer durante cerca de dos horas (seguido del propietario del local), y lo hizo para asegurar que todos los decretos que firmó venían sustentados en informes de los técnicos del Ayuntamiento.
A las puertas de la Ciudad de la Justicia afirmó que «estoy contento de venir a dar las explicaciones pertinentes, después de que el juzgado ya solicitara primero al Ayuntamiento que aportara todo el expediente relativo a este local que lleva abierto 16 años, por lo que el señor Tormo lleva 16 años denunciando y haciendo reclamaciones».
La querella expone que el concejal decretó el cierre del local en la calle Maestro Albéniz en diciembre de 2012, pero no lo notificó hasta enero del año siguiente, y apenas unos días después decretó la reapertura. En ese ir y venir de decretos sostiene el querellante que el concejal habría podido cometer prevaricación, ya que habría tomado la decisión de mantener abierto el local de ocio a pesar de informes negativos y a pesar de un acta de la Policía Local en la que se dice que resultaba imposible comprobar si se cumplía la normativa en materia acústica puesto que el sistema de sonido del pub tenía un limitador de sonido que se podía manipular para impedir que los agentes tomaran mediciones fiables. Así lo expone el querellante, aunque Mateo dio ayer una versión bien distinta tras salir de declarar: «El cierre correspondía a una serie de molestias y para comprobar que eran correctas y realizar mediciones y los estudios acústicos pertinentes según la normativa, se requirió al denunciante para entrar en su vivienda y realizar estudios, pero se negó y no se pudieron llevar a cabo, mientras que los propietarios de la actividad sí que aportaron un estudio acústico elaborado por un organismo de control autorizado y toda la documentación que según los técnicos era la correcta, y por tanto no cabía más que revocar el decreto de clausura, porque lo contrario sí que habría sido prevaricar».
En la querella se apunta también a otros delitos, entre ellos contaminación acústica, ruidos, lesiones y coacciones.
«No soy ingeniero»
De este modo, el concejal se escuda en que todo lo que aparece en el expediente «es a propuesta de los técnicos municipales, no existe ninguna irregularidad» e incluso que «se presentara lo que se presentara (en referencia a la documentación aportada por la empresa que avaló la reapertura del local) el objeto de análisis corresponde al técnico municipal, al ingeniero, yo no soy ingeniero y por lo tanto no sé interpretar un estudio acústico».
Por otro lado, Mateo quiso aprovechar para reivindicar que desde el equipo de gobierno «estamos haciendo muchas actuaciones contra la contaminación acústica, hemos aprobado una ordenanza, un mapa acústico y un plan de actuación con muchas medidas y en definitiva estamos mostrando nuestra sensibilidad en la conciliación de la actividad económica y el derecho al descanso».
