La Concejalía de Recursos Humanos tiene que decidir en próximas fechas sobre un expediente disciplinario en el que se propone suspender cuatro años y dos meses de empleo y sueldo a un policía local de Elche que denunció en Fiscalía el supuesto amaño o «falsificación» de un atestado para presuntamente beneficiar a otra agente implicada en un accidente de tráfico. El siniestro se produjo en octubre de 2011 en el interior del Parque Municipal, en el aparcamiento del Molí del Real, cuando la agente circulaba en moto tras un furgón que maniobró para aparcar a la derecha. El policía que inicialmente se encargó el atestado no consideraba que la culpa fuera del furgón y puso en conocimiento de Fiscalía que había sido apartado del caso para nombrar a otro instructor que elaboró un atestado con la conclusión contraria. Ante ello, el policía local puso al parecer en conocimiento de la compañía de seguros su disconformidad con el atestado al sospechar que se podía estar gestando una posible estafa en beneficio de la policía (quien obtuvo finalmente una indemnización de más de 5.000 euros, confirmada por el Juzgado de Primera Instancia número 4).

Apenas horas después de que Fiscalía solicitara información sobre este asunto a la Jefatura de Policía Local, extractos de la denuncia fueron colgados por alguien en el tablón de anuncios de la Jefatura e incluso la denuncia íntegra se distribuyó entre grupos de «WhatsApp», hasta el punto de que según el agente todos los denunciados tenían copia íntegra de sus documentos y datos personales. Por ello, amplió su denuncia ante Fiscalía al entender que el mando que debía custodiar la documentación no lo había hecho.

A partir de aquel momento, según el agente implicado y el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB), la Jefatura incoó contra él un expediente disciplinario descartando de plano todas las sospechas que denunciaba y planteando que pudiera ser responsable de dos faltas muy graves (cada una castigada con dos años de suspensión) y otras dos graves (cada una de un mes), esencialmente por insubordinación a mando, por violación del secreto profesional, por omisión de la obligación de dar cuenta a un superior de sus sospechas y por emitir informes causando perjuicio a la administración. SPPLB sostiene que «está sufriendo una situación de acoso del todo insostenible por parte de varios de sus superiores en la que todo parece valer para intentar privarle de ejercer el derecho al trabajo».

La condena más alta

El sindicato añade que sería «la condena más alta jamás vista» en la Policía Local (exceptuando delitos graves) y critica que no se abrieran expedientes informativos a los demás investigados por la justicia (al menos como precaución dado que Fiscalía inició una investigación sobre el supuesto amaño del atestado pero los agentes y mandos denunciados no han sido objeto de investigación interna en la Jefatura). SPPLB subraya que el instructor del expediente disciplinario es el mismo al que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche reprochó en una sentencia reciente que extrajera conclusiones «parciales» y «tendenciosas» en un expediente disciplinario a otro agente que fue anulado en la resolución judicial.