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El Consell adeuda a las familias ilicitanas 16 millones de euros en ayudas a la vivienda

En Elche hay más de 1.600 afectados a los que hay que unir los cerca de 500 de Crevillent y Santa Pola que tampoco han visto ni un euro a pesar de tener la solicitud aprobada

Cerca de 1.600 familias ilicitanas están esperando la ayuda para la rehabilitación o compra de su vivienda. antonio aMorós

Más de 1.600 familias ilicitanas están a la espera de recibir la ayuda que en su día les fue aprobada por parte de la Generalitat Valenciana para la compra o rehabilitación de su vivienda. Una cifra que ronda los dos mil afectados si se suman las familias de Santa Pola y Crevillent.

En total, la deuda del Consell ronda los 20 millones de euros, de los cuales, cerca de 16 millones corresponden a familias ilicitanas.

Se trata de ayudas que en su día solicitaron los vecinos para comprar una vivienda o para rehabilitar su hogar, en muchos casos con el fin de hacer el edificio más accesible. El principal problema es que muchas de las personas que en su día solicitaron la ayuda se aventuraron a comprar una vivienda o a rehabilitar un edificio contando con recibir la subvención de la Generalitat. Los años han ido pasando y los vecinos siguen sin ver ni un solo euro, algo que ha generado verdaderos problemas a muchas personas que están atravesando verdaderas dificultades para afrontar los préstamos solicitados.

Además, los afectados temen que el paso de los años haga que prescriban las ayudas que en su día les fueron concedidas.

Según la plataforma de afectados por los impagos, 50.000 familias en la Comunitat Valenciana y entre 240.000 y 300.000 en toda España han dejado de percibir unos mil euros anuales por vivienda de media.

La gravedad del problema es tal que hasta la Unión Europea está investigando los impagos en ayudas a la vivienda por parte de la Generalitat Valenciana. Hace unos días, el Síndic de Greuges instaba al Consell al pago «inmediato» de estas ayudas.

José Antonio tiene 80 años y vive en un edificio de Carrús construido en los años 70. En 2008, él y sus vecinos, solicitaron una ayuda para rehabilitar el edificio con el fin de instalar un ascensor.

«La mayoría de vecinos del edificio somos personas mayores, con movilidad reducida, por lo que a nuestra edad es imprescindible contar con un ascensor. Su instalación nos costó cerca de 72.000 euros, por lo que la mayoría nos vimos obligados a pedir un préstamo de cerca de 10.000 euros», explica José Antonio que añade «a día de hoy no hemos recibido ni un sólo céntimo y muchos de nosotros estamos atravesando verdaderas dificultades para poder hacer frente al pago de nuestros préstamos».

A esto hay que sumar que cada año los afectados se ven obligados a realizar una infinidad de trámites para renovar la solicitud con el único objetivo de que esta no prescriba.

«Yo lo que creo es que la Generalitat está alargando los plazos para que la gente se canse de reclamar y las ayudas aprobadas prescriban», lamenta José Antonio.

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