Ocho acusados alcanzaron ayer una conformidad con el Ministerio Fiscal al aceptar penas de entre cuatro años y nueve meses de prisión por delitos contra la salud pública y falsedad documental, en algunos casos con el agravante de reincidencia y teniendo en cuenta también el atenuante de dilaciones indebidas. La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche recogerá la conformidad alcanzada entre las partes, ya que no fue necesario celebrar un juicio que estaba previsto que se prolongara varios días y en el que un noveno acusado ha sido declarado en rebeldía.

Las detenciones se produjeron en 2007 a raiz de una investigación del grupo UDyCO II de Alicante (Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional), que inició la vigilancia en torno a uno de los procesados que ya había sido condenado previamente por delito contra al salud pública al detectar que había adquirido a una empresa de Arganda del Rey «un matraz y diez kilos de yodo metal, elementos utilizados en el sintetizado de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína».

Según las conclusiones definitivas del fiscal, aceptadas ayer por los ocho acusados, el procesado se dedicaba a la preparación y distribución de cocaína contando con la colaboración de otros, algunos de los cuales utilizaban una vivienda de Elche para el depósito, venta y adulteración de la droga. La Policía Nacional controló la entrega de una partida de cocaína en una empresa de Alicante cercana a la estación del ferrocarril, donde se sorprendió a varios de los procesados con un kilo de cocaína que de haberse vendido en el mercado ilícito habría superado los 60.000 euros. El mismo día se llevaron a cabo otros registros en oficinas y pisos de Playa de San Juan, Alicante y Catral, donde se encontraron otros cuatro kilos de cocaína de distintos grados de pureza (que habrían superado los 200.000 euros de valor), instrumentos para su corte y distribución o dinero en efectivo. También se hallaron documentos falsificados (pasaportes búlgaros, carnés de conducir o una tarjeta de régimen comunitario con fotos alteradas).

El principal acusado aceptó cuatro años y medio de prisión (y una multa de 135.000 euros) y el resto serán condenados a entre dos años y cuatro meses y 9 meses de cárcel.