La decisión de la Conselleria de Sanidad de no facilitar vehículos públicos para que el personal sanitario realice los avisos a domicilio lleva años acarreando diversas disfunciones en la prestación de este servicio, además de no pocas quejas de los profesionales que rechazan tener que poner su vehículo particular, en el caso de quien lo tenga, a disposición de la empresa. De hecho, en determinados momentos algunos profesionales han optado por realizar los desplazamientos a pie como medida de protesta y de presión ante un problema que nunca ha tenido respuesta por parte del Consell.
El problema, además, se hace más acuciante en el campo, teniendo en cuenta el amplio término municipal ilicitano y las dificultades que en muchas ocasiones tienen los profesionales sanitarios para localizar un domicilio particular perdido en una de las treinta y tres pedanías del término municipal para lo que la utilización del GPS se convierte en un elemento casi indispensable.
Al parecer, parte del personal se niega a seguir utilizando sus propios vehículos para llegar a los domicilios de los usuarios. Recuerdan que para acceder a su trabajo la Conselleria de Sanidad ni siquiera les exige el carné de conducir y además afirman que en otras áreas sanitarias los enfermeros sí cuentan con vehículos oficiales.
Ante esta tesitura, hay algunos profesionales que han optado por «recomendar» a los pacientes afincados en el campo que se desplacen hasta el centro de salud de referencia (fundamentalmente al del Pla) para recoger al personal sanitario y llevarlo hasta el domicilio en cuestión para atender al paciente, bien en el caso de que haya que practicarle alguna cura, suministrarle algún inyectable o realizar una visita médica. Esta situación está provocando las quejas de algunos de los pacientes a los que se les ha conminado a tener que hacer de «taxistas» para desplazar hasta el domicilio de los enfermos al personal sanitario, ya no sólo por las molestias, sino porque esta práctica puede chocar en alguna ocasión con el hecho de que el paciente en cuestión no tenga a su disposición a ninguna persona que tenga posibilidad de realizar el viaje cuando, precisamente, su estado de salud le impide desplazarse hasta cualquier centro de Atención Primaria.
Fuentes sindicales han explicado que éste es un problema endémico que ha sido denunciado por los profesionales de los centros de salud en innumerables ocasiones, pero que la Conselleria de Sanidad ha hecho siempre oidos sordos a sus demandas y peticiones.
No obstante, los sindicatos lamentan que en algunos casos el problema se esté trasladando a los usuarios, «que habitualmente cuando requieren un servicio a domicilio es porque presentan alguna patología o alguna afección que les impide desplazarse, y además hay mucha gente que teme que una negativa pueda traducirse en una peor atención o en un enfrentamiento que en ocasiones como esa es desaconsejable».
Por ello, desde los sindicatos sanitarios se insta a la administración a tomar cartas en el asunto para subsanar un problema que ya no sólo afecta a los profesionales, sino que también se está trasladando a los usuarios y que puede derivar en importantes disfunciones. Una de las alternativas que se plantean desde los sindicatos, por ejemplo, es que la Conselleria de Sanidad contrate un servicio de transporte público (un taxi) para realizar estos desplazamientos o que se adquiera un coche que esté a disposición de los profesionales en los centros de salud.
