El acusado de idear y poner en marcha un plan para introducir hachís a Europa camuflado en camiones frigoríficos cargados de pescado congelado aseguró ayer al ser interrogado por el fiscal en el juicio que él sólo importó sardinas de Marruecos y que en ningún caso conocía el resto de la carga que la Guardia Civil encontró en un tráiler que se estaba repartiendo en distintos camiones a las puertas de una nave que tenía alquilada a su nombre. El imputado se esforzó ayer en la primera sesión del juicio -que se extenderá en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en Elche a lo largo de varias sesiones hasta final de año y que mantiene en el banquillo a diez personas- por demostrar que lleva más de veinte años dedicado a negocios de exportación de pescado insistiendo en comentar al detalle los pormenores del sector.
Relató que por primera vez, y a causa del bajón de consumo especialmente de Brasil, decidió embarcarse en la importación de pescado a la Comunidad Económica Europea desde Marruecos y que para ello se de dejó asesorar por personas que fue conociendo, alquiló una nave en Santa Pola en mayo de 2009, contrató a una persona de la localidad que hasta entonces no conocía para que fuera su hombre de confianza y ni siquiera se quedó unas llaves del almacén refrigerado, además de que en ningún momento intervino en el transporte de la mercancía (ya que su trato con la empresa proveedora marroquí era que le entregarían el pescado en la puerta de sus instalaciones o en las de sus clientes)... En definitiva, que no participó en ningún caso en la carga, transporte o descarga de los 360 fardos cargados con 10.800 kilos de hachís, que habrían alcanzado, de haberse vendido, el valor de 15 millones de euros, según las conclusiones provisionales del fiscal, y que también según el Ministerio Público y la Guardia Civil viajaron desde Algeciras en un camión mezclados con 555 cajas de sardinas.
Relató el imputado que la empresa marroquí le propuso hacer el traslado de un tráiler combinado, con una parte de la carga para él -sardinas- y otra parte que no le pertenecía -calamares-, si bien en los segundos paquetes lo que se encontró fue la droga (de ahí el nombre de la investigación policial, que se denominó en su día Operación Calamar, al entender que esa era la clave para referirse al hachís).
Sin embargo, no pudo acreditar con documentación sus tratos ni con la empresa proveedora de Marruecos ni con la empresa a la que él supuestamente surtía en Portugal, y lo atribuyó a la relación comercial basada en la confianza a lo largo de los años ya que los papeles estaban en la nave. Su declaración continuará hoy, pues pese a prolongarse durante unas tres horas no hubo tiempo para que plantearan sus preguntas los siete letrados defensores, que representan a los diez acusados (de Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Algeciras y Madrid).
El fiscal apunta a siete de los imputados como actores de delitos de tráfico de drogas y otros tres como cómplices y solicita penas que van de los tres a los seis años y ocho meses de prisión y multas de entre tres y 15 millones de euros.
