El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Rodes, puso ayer en duda la «legalidad» de que el Ayuntamiento esté «desviando» hacia un despacho de abogados privado, concretamente el del marido de la alcaldesa, ciertos asuntos judiciales. «Sabemos que, al menos, ha llevado dos casos relacionados con el Ayuntamiento, el del funcionario de empleo del PSOE y el de la concejala socialista Blanca González, cuando el Consistorio tiene a los mejores especialistas en derecho administrativo para gestionar estas cuestiones y, además, gratis». Rodes aseguró no entender porqué el Ayuntamiento renuncia «a los mejores abogados» y pasa estos casos a «un señor que no especialista en derecho administrativo y que comparte despacho con José Antonio Peral. Ese es el negocio, ya que el Ayuntamiento siempre pierde porque independientemente de la resolución judicial tiene que pagar y el despacho de Peral siempre gana porque cobra».
El portavoz socialista reflexionó en voz alta si ésta «es la austeridad que predica la alcaldesa para con la democracia y la oposición, frente a la austeridad que muestra con el despacho de su marido. Eso se podría llamar saqueo y probablemente por eso no quiere que estemos en las comisiones, y concretamente en la de contratación, para que no podamos controlar esas fechorías y no podamos controlar la saluda de ese dinero a los bolsillos privados». El PSOE aseguró que está en estos momentos estudiando si se traslada el caso a Fiscalía por si fuera procedente abrir algún procedimiento penal.
El PP no se hizo esperar y poco después de la denuncia de Rodes hizo público un comunicado en el que aseguraba que «la asesoría jurídica del Ayuntamiento ha externalizado servicios en las ultimas dos décadas, principalmente entre 2007 y 2011, cuando había contratos millonarios con grandes despachos», indicaba Vicente Granero, jefe de la asesoría, quien añadió que «tradicionalmente se externalizan casos y nosotros lo hemos hecho en asuntos políticos porque no queremos politizar la asesoría. Todo lo demás se ha cortado radicalmente».
Además, Granero manifestó que «el despacho aludido Rodes, lleva tres casos: dos contenciosos y una querella (a esta ultima ha renunciado formalmente al cobro) y del resto no hay ninguna factura de ese despacho contra el Ayuntamiento», apostillando que «de lo que sí hay facturas es del despacho del hermano de Rodes (Guillermo Rodes) y del ex portavoz de la ejecutiva del PSOE, José Sánchez. Más de 20.000 euros en facturas pagadas con dinero publico».
Tampoco el PSOE se quedó atrás en su réplica y poco después emitió una nota de prensa en la que se indicaba que «la respuesta de Granero participa de la zafiedad y torpeza que le caracterizan. El procedimiento aludido por Granero es un procedimiento penal y el Ayuntamiento no dispone de penalistas entre su funcionariado. Por tanto, acudió al letrado José Sánchez para la defensa de los intereses municipales». Además, el PSOE aseguró que «Sánchez no ocupaba, ni él ni familiar suyo alguno, responsabilidades en la Administración municipal. El argumento de que comparta despacho con el hermano de Rodes es forzado, ya que en 2007 Antonio Rodes ni ostentaba responsabilidad alguna en el Ayuntamiento ni podía tener en su horizonte ostentarla».
