La Institución Ferial Alicantina (IFA) ha decidido retirar formalmente el contencioso-administrativo que había interpuesto en última instancia contra el Ayuntamiento de Elche, en concreto contra Pimesa, empresa pública municipal. El objetivo era evitar el «pago inmediato» de 662.715,08 euros por un canon de urbanización exigido por Pimesa. De hecho, IFA llegó a solicitar medidas cautelares ante el apremio existente, algo que la juez finalmente desestimó.
No obstante, IFA ha retirado esta acción judicial más de tres meses después de que su comité de dirección así lo decidiera. En su reunión del 19 de junio, los integrantes de este máximo órgano de dirección optaron por dar marcha atrás y no continuar por esta vía.
Sin embargo, esto no se ha hecho realidad hasta la semana pasada, sobre todo motivado por la carta que el vicepresidente de Pimesa y concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Vicente Granero, se vio obligado a remitir a IFA.
En la misma se recoge que el consejo de administración de Pimesa «conoce las dificultades económicas por las que atraviesa IFA y entiende la postura de defender sus intereses en los tribunales de justicia, de hecho está entidad presentó un anuncio de recurso contencioso administrativo, solicitando medidas cautelares que han sido rechazadas».
En la misiva, emitida con fecha 6 de octubre de este año, se explica también que Pimesa había tenido conocimiento de que el comité de dirección de IFA aprobó retirar el recurso presentado contra el Ayuntamiento de Elche «y de que este acuerdo no se ha cumplido hasta la fecha, como demuestra el hecho de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Elche haya emplazado a la Institución Ferial Alicantina a formular la demanda».
Escrito del 22 de septiembre
Granero, en su carta, expone que IFA presentó el pasado 22 de septiembre un escrito en el que solicitaba al juzgado «que requiera de nuevo al Ayuntamiento de Elche a fin de que remita el expediente administrativo completo, foliado y ordenado, con expresa inclusión de los documentos que faltan en el mismo según se indica en el cuerpo de este escrito, todo ello con suspensión del curso del plazo otorgado a esta parte para formalizar la demanda».
El presidente de IFA, Manuel Román, atribuía ayer este «retraso» de tres meses en la retirada del contencioso a que «se dio la orden, había vacaciones de por medio y no se retiró», mientras que el director general de IFA, Antonio Galvañ, también indicaba ayer: «Las cuestiones procesales llevan su tiempo. Se acordó el desestimiento y está hecho».
No obstante, fuentes municipales atribuyen a que precisamente se ha retirado el contencioso la pasada semana justo después de recibir IFA la mencionada misiva.
«En un contexto de buenas relaciones institucionales, desde el consejo de administración de Pimesa se solicita al presidente y miembros del comité de dirección de IFA que hagan cumplir el acuerdo adoptado, retirando de forma inmediata los recursos contenciosos presentados contra el Ayuntamiento de Elche en relación al asunto de referencia, poniéndose a su disposición para negociar las mejores fórmulas de pago de la deuda pendiente, al margen de la vía judicial», según se indica en la carta remitida a todos los miembros del comité de dirección de IFA.
Pero por si no quedaba suficientemente claro, Pimesa le deja caer en la carta a los integrantes del comité de dirección, de manera indirecta y no expresa, que las deudas hay que abonarlas y que de no ser así esta empresa municipal también puede adoptar las medidas que considere oportunas: «La propuesta del consejo de Pimesa va en la línea de favorecer que IFA pueda cumplir con sus obligaciones como agente urbanizador, plasmar los acuerdos de sus órganos de gobierno, respetar sus estatutos y evitar que los miembros del comité de dirección puedan asumir supuestas responsabilidades, civiles y administrativas, por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones».
IFA acudió a los tribunales solicitando medidas cautelares para demorar al menos el abono de más de esos 662.000 euros al Ayuntamiento de Elche, alegando que de hacerse efectiva comprometería la viabilidad financiera del complejo ferial
