La Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede desplazada en Elche ha condenado a catorce personas a penas de entre seis años y seis meses de prisión por delitos contra la salud pública en distinto grado, encubrimiento o tenencia ilícita de armas, al considerar probado que distribuían cocaína por diversos puntos de la provincia. La sentencia recoge que existían dos grupos esenciales organizados para el tráfico de drogas, uno de ellos en los barrios de Palmerales y San Antón y otro en Torrevieja que se abastecía directamente de Colombia, ambos conectados por el parentesco familiar de algunos de los condenados. La sala había venido celebrando un «macrojuicio» a lo largo de nueve sesiones que emana de las investigaciones del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Policía de Elche, que fue tirando del hilo a partir de escuchas telefónicas y seguimientos después de haber recibido numerosas quejas de vecinos de los barrios de San Antón y Palmerales por el «trasiego de gente» para adquirir estupefacientes. La investigación se inició en 2008 al localizar al cabecilla del clan familiar y principal distribuidor, tal y como se concreta la sentencia, e ir documentando progresivamente en los siguientes meses distintas entregas de mercancía que permitieron concluir que desde Elche se transportaba cocaína a Villena, Los Montesinos, Dolores o Torrevieja. En sucesivos registros se intervinieron cinco coches, una motocicleta, unos 20.000 euros en efectivo, un arma y distintas cantidades de sustancias, entre ellas al menos 1,2 kilos de cocaína, seis kilos de marihuana o 200 gramos de heroína. Fruto de estas investigaciones se pudo interceptar en el aeropuerto de Madrid-Barajas un correo con más de once kilos de cocaína que, en gramos, habría superado los 700.000 euros.
Las penas se han reducido al tenerse en cuenta circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de drogadicción en algunos casos y a diez de los acusados se les abona el tiempo transcurrido en prisión preventiva, mientras que dos mujeres han sido absueltas al no considerarse probado que se dedicaran al tráfico de drogas. Las defensas de los distintos acusados han intentado sin éxito en el juicio invalidar las escuchas telefónicas y algunos de los registros domiciliarios con argumentos que no han sido admitidos por los magistrados.
