Bastante molestos estaban ayer algunos miembros de la oposición que acudieron a la comisión de Hacienda previa al pleno que se celebrará el próximo lunes y en la que «descubrieron» que la moción que se aprobó en la sesión de julio para destinar una partida extraordinaria de 600.000 euros para ayudas sociales no había sido ejecutada.
El rifirrafe se produjo en el turno de ruegos y preguntas cuando los representantes del PSOE interpelaron al concejal de Hacienda, Manuel Latour, sobre la ejecución del mandato del pleno que se adoptó por mayoría. En este sentido, el portavoz socialista recriminó a Latour por no haber dado cumplimiento a la resolución plenaria, a lo que el edil de Hacienda contestó haciendo referencia a un informe jurídico de la secretaría del Ayuntamiento donde se establece que la modificación de presupuestos no corresponde al pleno. «Nos ha dicho que el acuerdo del pleno es una recomendación, que el acuerdo no tiene validez y que la función del pleno es efectuar un control sobre el equipo de Gobierno. Por ello, lo que vamos a hacer es un examen del balance de cuentas para ver de dónde se puede extraer este dinero», indicó Rodes.
Pero debajo del incumplimiento del acuerdo plenario, los ediles de la oposición se mostraron molestos por la constatación de que las decisiones del pleno municipal tienen cada vez menos peso en la toma de decisiones y que es la Junta Local de Gobierno la que realmente tiene la vara de mando para determinar las decisiones a adoptar. De hecho, algunos miembros de la oposición -Blanca González o Cristina Martínez además de Antonio Rodes- se sintieron incómodos al escuchar de boca del concejal de Hacienda que gracias a la ley de grandes ciudades, el pleno municipal tiene en estos momentos muy limitadas sus competencias y que en la mayor parte de las cuestiones es un órgano consultivo que no tiene carácter vinculante y que las decisiones se adoptan en la Junta Local de Gobierno.
En este sentido, el concejal de Hacienda puntualizó que «se les ha hecho llegar un informe técnico donde se dice que el pleno no tiene potestad para hacer mandatos de determinadas cuestiones, como la modificación de los presupuestos y que para ello existe un procedimiento. En este sentido, la decisión del pleno es un ruego, no un mandato». Latour aseguró que en este momento no existen posibilidades financieras de acometer ese pago. «No podemos hacer más gastos de los que establece la regla de gasto que es del 1,5% y nos encontramos ya en el 1,48%».
El responsable de Hacienda aseguró que el informe jurídico que se ha elaborado tras las mociones aprobadas por la oposición en el pleno de julio «se dice que para esas cuestiones los acuerdos que allí se adopten no son un mandato para la comisión de Hacienda ni para la Junta de Gobierno». Latour recordó que las competencias del pleno se circunscriben, además del control del equipo de Gobierno por parte de la oposición, a la aprobación del presupuesto municipal y a cuestiones urbanísticas, «pero para el resto de cosas el pleno no tiene competencias y en este caso, además, no existe posibilidad presupuestaria para llevar a cabo la medida que planteó la oposición».
Comisión
El pago a proveedores se sitúa en los 57 días
El concejal de Hacienda, Manuel Latour, dio ayer cuenta en la comisión de su departamento del informe de estabilidad presupuestaria que ha resultado favorable. «El pago a proveedores se fija en 57 días en este semestre y estamos dentro del plazo legal de los 60 días. Al tratarse del segundo semestre se pagan las facturas del crédito reconocido del año anterior, por eso aumentan los días. Si esas facturas se hubiera pagado, el pago a proveedores estaría en 48 días, un plazo muy inferior al establecido por ley». Asimismo, la comisión aprobó la modificación de créditos extraordinarios por importe de más de 223.000 euros. «Dicho importe se destina a las obras en la escuela infantil Els Xiquets de 90.000 euros que se extraen del fondo de contingencia por ser una obra de urgencia y al Plan de Empleo al que se va a destinar de 134.000 euros». Según el Ayuntamiento, esta iniciativa y la propuesta en este mismo sentido por la Generalitat y Diputación creará más de 200 puestos de trabajo entre parados de larga duración mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años y mujeres que no tengan formación. M. J. M.
