La Universidad CEU Cardenal Herrera será la primera institución universitaria que impartirá grados de Formación Profesional (FP) grados Formación Profesional en la provincia, bien en su sede universitaria en Elche, bien en el centro Jesús María de Alicante, donde ya imparte Secundaria y Bachillerato.
Fuentes de esta universidad privada confirmaron ayer que esa es la intención, aunque todavía no está claro ni cuándo podrá ser ni qué ciclos formativos se desarrollarán.
En principio todo apunta a que podría ser una realidad dentro de dos o tres años, y que habría que estudiar muy bien si la FP impartida por una universidad, en este caso, privada, se desarrolla en alguna de las dos sedes universitarias sitas en Elche o, por el contrario, en el colegio Jesús María.
La iniciativa parte en cualquier caso de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que ya ha solicitado impartir FP en la provincia de Castellón para el curso 2015-2016, que acaba de ser autorizado por la Conselleria de Educación.
En concreto será a través del Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU, un nuevo centro dependiente de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Precisamente, la rectora de esta institución, Rosa Visiedo, ya adelantó el pasado 30 de octubre que la institución académica estaba estudiando ampliar su oferta académica en Elche, implantando grados superiores de Formación Profesional en el ámbito de Salud y Educación, así como nuevos posgrados.
Esta iniciativa en definitiva se enmarca en los proyectos de futuro que tiene previsto llevar a cabo la Universidad CEU Cardenal Herrera, aunque, según matizaron ayer fuentes de esta institución académica, mientras el CEU de Castellón y Valencia sí han pedido a la Conselleria de Educación los permisos oportunos para impartir FP próximamente, el centro de Elche todavía no lo ha realizado, aunque se reconoce que sí hay intención de hacerlo.
Rechazo frontal
Las reacciones al respecto no se hicieron esperar ayer. Desde el sindicato UGT se mostró su rechazo rotundo a que las universidades, sean públicas o privadas, bien directamente o a través de centros específicos, impartan ahora ciclos formativos, al tiempo que criticó que se haya permitido al CEU la apertura de un centro específico para ello en Castellón. A juicio de este sindicato, los cursos de Formación Profesional «no son de su competencia».
«Las enseñanzas de Formación Profesional reúnen unas especiales características, sobre el tipo de profesorado técnico que la imparte, las metodologías que utiliza, su carácter eminentemente práctico, y el tipo de instalaciones y equipamientos que precisa, que la hacen incompatible con el modelo academicista y generalmente teórico de las enseñanzas universitarias, de la misma forma que parece evidente y claro que no son compatibles con el sistema educativo universitario las enseñanzas de educación Infantil, educación Primaria y la educación Secundaria, tanto la de carácter obligatorio como la de carácter postobligatorio, y nos resultaría totalmente sorprendente que las universidades fuesen titulares de colegios y centros educativos de Secundaria e impartieran sus enseñanzas, según la central sindical.
«Es una total aberración y un contrasentido que las universidades sean titulares de centros de Formación Profesional», señalan desde el sindicato que cuestiona «severamente» la autorización.
Posible anulación
UGT ha anunciado además que van a analizar esa autorización al detalle para su «posible impugnación y anulación» ante los tribunales de Justicia, puesto que «desestabiliza internamente la oferta formativa de las mismas al establecerse una competencia con los grados universitarios; desorienta y confunde al futuro alumnado de FP y a sus familias sobre el lugar y centro donde debe matricularse, y supone la supresión de ciclos formativos de los centros educativos ordinarios sostenidos con fondos públicos, con la consiguiente amortización de puestos de trabajo de profesores de FP en el sistema educativo».
Para UGT con este tipo de autorizaciones se atenta «gravemente» contra la actual estructura, distribución territorial y profesorado de FP y, en el caso de la Comunidad Valenciana, es un ataque directo al trabajo de más de 6.000 profesores, tanto en la enseñanza pública como en los centros de la enseñanza concertada.
