Analizar las reformas legislativas en materia concursal, proponer nuevas iniciativas y realizar una radiografía del tejido empresarial actual, con especial atención en los problemas de insolvencia que cada vez sufren más empresas en nuestros país. Este fue el objetivo del cuarto encuentro de profesionales a nivel concursal que el Colegio de Economistas de Alicante ha realizado con la presencia de ilustres magistrados en la materia de la Audiencia Provincial de Alicante, o jueces del juzgado Mercantil de Valencia, Madrid e incluso de Palma de Mallorca.
Uno de los puntos clave que debatieron los más de 200 expertos que se dieron cita en Elche fue el decálogo de propuestas que el Consejo General de economistas ha presentado en el Congreso para su debate en la próxima reforma de la ley concursal, ley que, tal y como apunta Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de Alicante, «se ha reformado prácticamente cada año desde su publicación en 2003. ¿El objetivo? Tratar de buscar la viabilidad y recuperación de las empresas que entran a concurso, incidir en la seguridad jurídica del proceso de refinanciación o incrementar las garantías para los acreedores y fomentar la agilidad del concurso».
Menargues incide en la necesidad de realizar estas reformas para «adaptar la legislación a estos tiempos donde las empresas se encuentran cada vez más con estos problemas de insolvencia. Y es que los datos hablan por sí solos. De los cerca de 1.000 concursos de acreedores presentados por las empresas españolas en 2003, el pasado año 2013 se saldó con más de 10.000 casos», apuntó el decano.
Sin embargo, los problemas de insolvencia de las empresas no pasan solamente por entrar en concurso, si no que «son más de 80.000 las empresas que no atendieron el pasado año las obligaciones de pago con sus trabajadores», a las que hay que sumarle las «100.000 mercantiles que solicitaron aplazar el pago a las administraciones públicas», por lo que estas reformas son necesarias para garantizar la salud del tejido empresarial.
Otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa fue el elevado porcentaje de mercantiles que echan el cierre tras entrar en concurso. «El problema es que las empresas acuden tarde al concurso, por lo que el 85% no van a liquidar la deuda y se ven obligadas a cerrar». Además, señaló que «del 15% restante que logra llegar al convenio, sólo un tercio es capaz de cumplirlo finalmente».
En cuanto a los problemas a la hora de solventar las deudas con los acreedores, llama la atención que «los principales acreedores son la Hacienda pública y la Seguridad Social, que tienen unos privilegios especiales que dificultan los acuerdos de viabilidad» para los empresarios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que suponen un 95% de la masa productiva en España.
Todas estas series de medidas se organizaron en el evento en torno a cinco mesas de debate, que fueron desde el análisis de las últimas resoluciones de relevancia adoptadas por la Audiencia Provincial de Alicante, hasta los últimos aspectos introducidos tras la última reforma concursal en materia de refinanciación de la deuda empresarial.
Además, también hubo espacio para otros aspectos, como la venta de la unidad productiva ante el concurso, es decir, vender en un solo bloque la empresa, por lo que ésta podría seguir con su actividad de forma normal, o la finalización del concurso al no contar con bienes materiales entre los activos de la empresa. La problemática de no cumplir el convenio, a la que se enfrentan dos tercios de la empresas que llegan a suscribirlo, también tuvo espacio en un foro donde el único objetivo es analizar y mejorar la situación empresarial en España.
