Bastante sorprendidos se mostraron ayer los responsables del Hospital del Vinalopó después del anuncio realizado por el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, el día anterior respecto a que su departamento trabaja en un nuevo modelo concesional 3.0 para «adecuarlo a las necesidades que la sociedad demanda», lo que supondrá cambiar los pliegos de los concursos que se mantienen con las empresas concesionarias para adaptarlos a las nuevas demandas de los ciudadanos. Desde Vinalopó Salud se aseguró que no tienen comunicación oficial respecto a los planes de la Conselleria respecto a cambio alguno en cuanto a posibles variaciones en los contratos y que, en cualquier caso, «estamos a disposición de lo que determine la Conselleria».
Respecto al planteamiento desvelado por el conseller, un portavoz del gabinete de Llombart especificó que «los detalles del cambio no se conocen todavía» y agregó que la «adecuación» del modelo se realizará según tres parámetros: que la calidad en el servicio sea, al menos, tan buena como la que se dan en los departamentos de gestión directa; que la externalización del servicio suponga un ahorro a la Administración y que «sea una inversión interesante para las concesionarias, ya que de lo contrario no tendría sentido su colaboración».
La noticia ha sorprendido a los responsables de los cinco departamentos de salud gestionados bajo concesión administrativa por empresas privadas que hasta el momento desconocen por completo cualquier aspecto relacionado con algún nuevo cambio del contrato suscrito con la Conselleria. «De las condiciones actuales no se puede modificar nada porque hay un contrato de por medio, posiblemente se refiera a un futuro o a una renovación», declaró un portavoz del hospital de Manises que gestiona al 100% la aseguradora Sanitas y que este año ha cumplido el quinto aniversario de su inauguración, por lo que el contrato con la Conselleria de Sanidad estará en vigor hasta 2024, ya que la duración del mismo es de quince años con opción a otros cinco de prórroga.
En mayo de 2025 y en enero de 2024, respectivamente, finalizarán los contratos de las concesiones de los departamentos de Vinalopó Salud (60% Ribera Salud; 40% Asisa) y de Denia (35%, Ribera Salud; 65% DKW) que atienden a 150.000 y 160.000 ciudadanos y 24 y 45 centros, respectivamente.
Tampoco saben nada de hipotéticos cambios en el modelo concesional en los hospitales gestionados por el grupo Ribera Salud como el de Alzira, donde del 45% de las acciones son del grupo; otro 51% de Adeslas y un 2 % de Lubasa y Dragados, respectivamente. La concesión que gestiona la atención sanitaria de 256.000 personas y 41 centros de salud finalizará en marzo de 2018.
El contrato del departamento de Torrevieja, que gestiona en un 65% Ribera Salud y en un 35%, Asisa, caduca en octubre de 2021. La UTE se encarga de dar asistencia sanitaria de 170.000 personas a través de 24 centros y un hospital.
Lo único que se puede avanzar del modelo 3.o es que conectará personas y objetos con internet.
No habrá reversión
El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, sí dejó muy claro que no va a haber una reversión del modelo de las concesiones administrativas ya que como expresó, «puede ser un peligro para la sostenibilidad del sistema».
Respondía así el responsable sanitario a las peticiones que desde las Cortes Valencianas solicitan los grupos de la oposición.
«La reversión que pretendían de los cinco departamentos de salud gestionados de forma indirecta será contractualmente muy complicada y económicamente muy costosa y, además, en el apartado de personal no garantiza que todos los profesionales pusieran ser asumidos por la Administración», afirmó Llombart que recordó que el Gobierno valenciano, «no tendrá ningún problema en acudir a la sanidad privada donde entendamos que es más eficiente».
Llombart indicó que en 2014 la Comunidad Valenciana recibe 1.613,5 ? por habitante y año de financiación sanitaria, 301 euros menos que la media nacional que es de 1.191, por lo que requirió «un cambio en el modelo de financiación. Para recibir lo mismo que el resto de los españoles, el Estado tendría que aportar 1.500 millones de euros más a la Comunidad Valenciana», concluyó.
