Expertos en Derecho y Enfermería consideran que el Tribunal Constitucional, y tal como ha ocurrido con el impuesto del céntimo sanitario en una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anulará el real decreto que regula la asistencia sanitaria a los inmigrantes desde el año 2012 en España.

Alfonso Ortega Giménez, director del Observatorio de Inmigración de Elche y profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández, cree que todo apunta a ello, a que el citado real decreto será declarado anticonstitucional ya que la asistencia sanitaria «es un derecho fundamental» y por tanto no se puede vulnerar el principio de igualdad y el derecho a la vida que recoge la Constitución.

«Hemos pasado de la universalización de la asistencia sanitaria a una limitación de este derecho. Lo deseable sería volver a la situación de 2012», indicó Ortega durante la celebración en el Centro de Congresos de Elche de la I Jornada sobre Inmigración y Sanidad.

Antonio López, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU Cardenal Herrera, señaló que «con la reciente reforma legislativa de 2012 el inmigrante queda en una situación complicada desde el punto de vista sanitario porque se vincula la asistencia a la residencia».

El docente del CEU ahondó en que antes de 2012 eran atendidos sin problemas con que acreditaran su empadronamiento, mientras que ahora es preciso demostrar la residencia legal.

La población inmigrante irregular es atendida sin coste ni requisitos administrativos previos sólo en caso de que se trate de menores, mujeres embarazadas o enfermedades graves. «El extranjero en situación irregular desde 2012 apenas acude a los centros sanitarios por el tema de las consecuencias económicas y legales», apunta López.

«Hay casi 6 millones de inmigrantes en España que se merecen una consideración», manifestó por su parte el director del Observatorio de Inmigración, quien considera necesario sensibilizar a la población en este asunto y también trabajar mucho en la prevención.

Antonio López recuerda que tras ese decreto, algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, han tomado medidas para «suavizar» sus efectos. Así por ejemplo, la Generalitat creó el pasado año un programa de atención a la población inmigrante. «Pero es insuficiente y es en realidad un parche», según López.

En la jornada, con presencia de alumnos de Derecho y Enfermería de ambos Campus, donde se sucedieron diversas intervenciones por parte de expertos, la responsable de la Fundación CeiMigra Alicante, Lerdys Saray Heredia Sánchez, y Esther Alonso García, directora de la Agencia de Mediación para la Integración y Convivencia Social (AMICS), también coincidieron en señalar que «las medidas del programa valenciano de protección a la salud en la Comunidad subsanan los defectos del real decreto, pero son, a todas luces, insuficientes».

No obstante, a juicio de Ortega, hay que valorar esa iniciativa de la Generalitat porque de momento unos 600 extranjeros de la provincia se han podido acoger a este programa y está permitiendo paliar algo la situación.

El evento también sirvió, según Marina Leal, vicedecana de Enfermería del CEU, para «dar visibilidad al colectivo de inmigrantes que tienen un acceso restringido al sistema sanitario público y a los profesionales sanitarios que tienen que tratar con ellos y que se encuentran con la problemática de un inmigrante que no tiene tarjeta sanitaria». En este sentido, uno de los debates de la jornada se centró en destacar que el enfermero no puede dejar de prestar servicios sanitarios por razones de raza, cultura, sexo o nivel económico, por lo que hay que dar a conocer a este personal que tiene derecho a la objeción de conciencia, aunque después el sistema facture igualmente al paciente el coste del servicio sanitario.