La amenaza de corte de agua de riego para los casi 7.000 comuneros de la comunidad de regantes El Canal sigue sobre la mesa y se hará efectiva si nada o nadie lo remedia a media noche del domingo. Los regantes pueden encontrar los grifos cerrados el lunes y, según sindicatos agrarios y la junta directiva de El Canal, esto puede suponer la «ruina» para ellos en cuestión de tres días, porque ese es el tiempo que pueden soportar los campos -sobre todo de hortalizas- sin agua. El motivo del corte, como viene informando este diario, es una deuda de 740.000 euros que la Comunidad General Riegos de Levante reclama a la comunidad de base El Canal, y que la junta directiva de El Canal no reconoce.

Su presidente, Javier Berenguer, reiteró ayer que no se contempla pagar para desactivar la amenaza de corte porque no se ha justificado debidamente a qué corresponde ese dinero, que según Riegos de Levante procede de servicios ofrecidos y contadores alquilados entre 2008 y 2012 (en etapa del anterior presidente, Manuel Serrano, precisamente presidente ahora y entonces de Riegos de Levante). Es más, Berenguer mantiene que la liquidación de esa deuda, que se aprobó en la Junta de Gobierno de Riegos de Levante el pasado 9 de diciembre, no ha sido siquiera comunicada formalmente a El Canal, por lo que ayer se interpuso un recurso de reposición que tendrá que resolver la Comunidad General, como paso previo (si se desestima) a acudir a instancias superiores o incluso a los tribunales.

Junto al recurso, Berenguer presentó también ayer un aval bancario firmado ante notario, lo que significa que El Canal ha «bloqueado» en su cuenta corriente los 740.000 euros, con la prohibición de gastarlos en otras cosas, hasta que se resuelva si debe o no debe pagar. Berenguer espera que con este aval se paralice la medida del corte de agua, y lo argumenta con la Ley General Tributaria de 2003, que en su articulo 224 (en el capítulo de recursos de reposición) señala que «la ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto» y contempla el aval o fianza como garantía de pago para la suspensión automática. En todo caso, corresponde a Riegos de Levante pronunciarse ahora sobre ese recurso.

El portavoz de la Junta de Gobierno, Ángel Urbina, rechazó ayer pronunciarse sobre el recurso o el aval y sobre si hay visos de dar marcha atrás en la amenaza de corte de agua. Como ya publicó este diario, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se ha desentendido del conflicto alegando que no es competente para resolver un conflicto particular entre regantes, en respuesta a un recurso de El Canal que solicitaba la suspensión cautelar de la prohibición de uso del agua.

Ley

Javier Berenguer manifestó ayer que «en cumplimiento de la ley, Riegos de Levante tiene que atender la reclamación realizada, proceder a notificar la deuda requerida según establece la legislación, atender nuestra solicitud de presentar el detalle y la composición de las partidas de donde procede e iniciar el procedimiento de cobro en caso de ser correcta».

El presidente de El Canal dice que ninguno de estos pasos se ha dado, y lamenta que «antes de que se nos haya notificado lo que se nos reclama y por qué se ha aprobado cortarnos el agua; existen preceptos legales que cumplir y nadie se los puede saltar alegremente, y menos cuando está en juego el futuro de muchas familias». Riegos de Levante, añade, debería preocuparse antes de los regantes que de «resolver los problemas financieros que ellos mismos han creado, porque Riegos de Levante sabe que todos los regantes pagan el agua por anticipado y que lo que se consume se paga puntualmente por nuestra parte».