El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), que incluye a los ocho colegios profesionales de la Comunidad, se reunió ayer en Elche para abordar lo que, según consideran los letrados, es una situación que pone en riesgo el mantenimiento del servicio público de asistencia jurídica gratuita. Los abogados del turno de oficio (cerca de 3.000 en la Comunidad y unos 250 en Elche) están cobrando desde hace dos años un 35% menos, además de que perciben sus honorarios con retraso. En la actualidad, la Conselleria de Justicia les debe el tercer trimestre de 2013 (que debía haberse cobrado el 1 de diciembre), lo que supone casi 3,5 millones de euros atrasados.
Al margen de los retrasos, lo que mantiene en pie de guerra a los colegios de abogados en contra de la Conselleria de Justicia es la orden 2/2012, que fijó los precios que la administración pagaría por los servicios de turno de oficio, que se prestan cada año a más de 200.000 valencianos que no tienen recursos para costearse un abogado. El secretario técnico y letrado asesor del CVCA, José Andújar, manifestó que «la orden se aprobó con el rechazo casi unánime de los letrados básicamente como una imposición y de media ha reducido un 35% las retribuciones globales de los abogados, por lo que el Consejo por unanimidad decidió interponer un recurso contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y ahora se ha fijado para el 8 de abril la deliberación y fallo, por lo que esperamos conocer la sentencia a finales de abril».
La decana del Colegio de Abogados de Elche, María del Carmen Pérez, valoró ayer que «el rechazo a esa reducción (de los baremos por los que se les paga) fue unánime porque llegaba después de que estuvieran congelados desde 2005; en 2012 no solo no los actualizaron sino que los rebajan un 35%, lo que es un verdadero atropello que no contó con el consenso del colectivo de abogados».
La coordinadora de la Comisión del Turno de Oficio del CVCA, Ángela García, manifestó ayer que «estamos hablando de un servicio público y cualquier restricción y limitación de la partida que cubre ese derecho de defensa es tanto como limitar el derecho de defensa, por lo que efectivamente supone una restricción de los derechos de los ciudadanos».
En su recurso, el CVCA solicita que se retomen los baremos de 2005 y que se apliquen con carácter retroactivo en los últimos dos años, y argumenta motivos formales y de fondo, entre ellos que no se elaboró una memoria económica como exige la ley o que los baremos para cada tipo de trámite o de servicio se han fijado de una forma aparentemente arbitraria, sin tener en cuenta que según la ley las retribuciones a los abogados de oficio tienen que alcanzar para «indemnizar» el coste en el que han incurrido los letrados al aceptar, por decirlo de alguna forma, representar a un ciudadano de forma gratuita. No solo las cantidades fijadas no cubren los costes, sino que según Andújar se da la circunstancia de que en algunos procedimientos los letrados acaban trabajando para ganar un euro la hora, después de poner a disposición sus despachos y teniendo en cuenta todos sus gastos, incluida la cuota de autónomos.
«Sangrante»
La presidenta del turno de oficio en Elche, María Pilar Peña, concretó que por actuaciones de extranjería se pagan 40 euros, por una demanda social por ejemplo por un despido 80 euros o por unas diligencias preliminares en jurisdicción civil 12 euros. «Esas cantidades son sangrantes y no compensan el trabajo que hacemos», aseguró, aunque puntualizó que «hace dos años que sufrimos esta bajada y creo que por parte de la generalidad de los abogados se actúa igual que antes, procuramos que no se perjudique a los ciudadanos pero a nosotros sí que nos perjudica y mucho, porque hacemos mucho más trabajo de oficio ganando menos y a pesar de eso seguimos esforzándonos por dar un buen servicio», aseguró.
Ángela García añadió a este respecto que «se está trabajando gratis y esta función social de la justicia gratuita la cumple la abogacía y no la Conselleria», cuando en realidad es la administración la que debe asegurar que todos los ciudadanos sin ingresos puedan disponer de abogado.
