Hiela la sangre escuchar la historia de Pablo Ibar, un español del País Vasco que va a cumplir veinte años preso en Estados Unidos por un triple asesinato y que ha perdido además de tiempo de su vida cientos de miles de euros (recaudados de mil y una formas) y numerosos recursos tratando de demostrar su inocencia. La única prueba que hay contra él y con la que fue condenado a muerte es su parecido con la cara de un triple asesino que fue captada por una cámara de seguridad. La habitación donde se cometió el crimen quedó repleta de huellas dactilares de los delincuentes y el que aparece en la cámara -el que el tribunal consideró probado que es él- tiró al suelo la tela con que se cubría el rostro, empapada de sudor y repleta de muestras de ADN. Ni las huellas ni el ADN son de Pablo Ibar, pero meses después de los asesinatos fue detenido en compañía de otros jóvenes que trapicheaban con drogas y alguien en comisaria advirtió su parecido con el del video. Desde entonces está entre rejas.

Fue condenado a muerte con la borrosa imagen como única prueba, a pesar de que tiene incluso coartada (la familia de la que entonces era su novia y ahora es su esposa confirma que estaban juntos) y de que un experto en reconocimiento facial dice que el parecido existe en algunos puntos y no coinciden en otros. Nada de eso sirvió y con un abogado de oficio inmerso en sus propias causas judiciales perdió un primer juicio en Broward County, después perdió su apelación ante el Tribunal Supremo de Florida. Ahora está pendiente de que le concedan un nuevo juicio para que, si se le vuelve a condenar, se haga en condiciones (de hecho uno de los testigos es precisamente su primer abogado, que admite que no realizó eficazmente su trabajo).

El caso del único español condenado a muerte en EE UU en la actualidad fue ayer el hilo conductor de una conferencia de Amnistía Internacional en el Centro de Congresos con el portavoz de la Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, quien invitó a colaborar económicamente -dado que si se concede un nuevo juicio costará más de 800.000 euros- y a escribir a Pablo Ibar, que mantiene la cordura en el corredor de la muerte en régimen de aislamiento en gran parte por la correspondencia que recibe (la dirección se puede encontrar en la página web que lleva su nombre).

El portavoz de la ONG en la Comunidad, Guillem Badenes, repasó los países que aún aplican la pena capital, entre ellos China (que ejecuta más que todos los demás juntos), la zona de Oriente Medio (Irán, Irak o Arabia Saudí) y Estados Unidos como único estado en América. El dato favorable es que la tendencia es abolicionista, aunque aún hay cifras (y detrás de ellas personas) escalofriantes.