Cada vez más a menudo el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se encuentra con personas que intentan apagar por sí mismas incendios o posponen hasta la barrera de lo vital una llamada de emergencia, por miedo a que les llegue después a casa una desorbitada factura. Son casos puntuales pero -casualidad o no- mientras este diario visita las instalaciones en San Vicente, en la sala del Centro de Coordinación de Emergencias intentan bregar con el propietario de una caseta de aperos en llamas que no quiere dejar entrar a los Bomberos porque «le buscan la ruina». Han oído rumores de que algunas federaciones deportivas prefieren llamar a la Guardia Civil para un rescate «porque no cobran», a pesar de que el grupo de los Bomberos es el especialista y lleva consigo a un sanitario. Esa recién detectada «bomberofobia» se está agravando con la crisis, pero ¿por qué servicios cobran exactamente los Bomberos, en qué casos y cuáles son los precios?
El Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, que así se llama, es el órgano que agrupa a todos los municipios que o bien tienen la obligación legal de tener un parque de Bomberos (porque tienen más de 20.000 habitantes) o bien se adhieren voluntariamente. Son en total 138 (Alicante no está incluido porque tiene su propio grupo municipal). Según explica el inspector jefe, Vicente Baeza, el Consorcio tiene un presupuesto de 42 millones de euros anuales que se ajustan a los gastos del servicio ordinario y que asumen en un 50% la Diputación, un 30% la Generalitat Valenciana y el 20% restante los ayuntamientos, con cuotas que se calculan por varios criterios, entre ellos la población. Por otro lado, la modernización de equipos y maquinaria se costea con las aportaciones de compañías de seguros, que por ley tienen una contribución especial.
Pero ocurre que no todo es ordinario, porque si los efectivos de un turno están ocupándose de una emergencia y surge otra hay que llamar a más bomberos y pagarles horas extra; ocurre que en la Nit de l'Albà, en Elche, no trabajan 14 efectivos sino 80; o que el dispositivo para las fiestas de Santa Pola ha costado 70.000 euros; o que un rescate por una imprudencia puede costar millones de euros si precisa de un gran despliegue... Por decirlo de alguna forma, Vicent Baeza resume que «los ayuntamientos pagan que el servicio esté siempre disponible, pero no por el servicio en sí mismo».
Así que, tal y como refleja la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios de Extinción de Incendios, Derribos, Salvamentos y Otros, los ciudadanos y las empresas tienen la «obligación de contribuir» cuando sean beneficiarios ellos o sus propiedades de la extinción de un fuego, actuaciones por hundimiento de edificios o instalaciones, ruinas, derribos, inundaciones, accidente de tráfico... Es decir, casi siempre. Y como así está regulado, el Consorcio «liquida» lo que ha costado el servicio y pasa el gasto al propietario del bien, que debe a su vez remitirlo a su compañía de seguros para que lo pague.
Leyenda
Y es que aquello de que «el que llama paga» es una leyenda urbana que desde el Consorcio de Bomberos no saben de dónde ha salido. El que paga, como así está especificado en la ordenanza, es quien recibe el servicio, aunque no haya llamado. Eso sí, le sustituye, si la hay, la aseguradora (y en caso de que alguien haya provocado la emergencia, el causante si se le reclama en los tribunales).
Es por eso que el inspector jefe del Consorcio Provincial insiste en que los vehículos, las viviendas, las propiedades, las mascotas o las aficiones si comportan un riesgo tienen que estar asegurados. Si lo están y ocurre algo, no hay más que pedirle a la compañía que se haga cargo (igual que lo hace en un accidente de tráfico, incluyendo los trabajos de excarcelación de los Bomberos). Si no lo están, surge el problema económico.
No se cobran, eso sí, los rescates o salvamentos, excepto en los casos en que se produce en zonas peligrosas (que así estén señalizadas y por lo tanto la responsabilidad la asume el que accede, aunque apenas hay puntos de este tipo), cuando los rescatados no llevan el equipamiento adecuado (fue el caso de una joven que subió al Peñón de Ifach con tacones de aguja y se fracturó una pierna) o cuando no hay un motivo justificado (por ejemplo, si la llamada de socorro es solo por cansancio, que también se ha dado). Conviene puntualizar, como señala el sargento del grupo de rescate Salvador Luque, que los seguros de muchas federaciones de montañismo solo se hacen cargo del gasto si existe un parte médico con daños, pero no en situaciones como la de un escalador que quede atrapado en una zona inaccesible sin heridas.
Muy clara debe verse una de estas tres excepciones para que se cobre un salvamento. Hace escasas semanas el helicóptero del grupo de rescate se desplazó a la playa del Carabassí de Elche por la llamada de una mujer asustada porque su marido llevaba demasiado tiempo en el agua. Fue una falsa alarma, pero dado que podía haber un riesgo real no se cobrará por ello. Sin embargo, si hay bandera roja la cuestión puede cambiar, igual que si alguien se lanza en parapente sin estar asegurado o si aprovecha una tempestad para hacer «windsurf».
La cuenta
Si se enciende un fuego para quemar rastrojos en verano, cuando está prohibido, es prácticamente seguro que se recibirá la «cuenta». Lo de abrir puertas si se han olvidado la llave dentro solo se hace «gratis» si implica riesgo para personas o cosas (si hay un niño encerrado o una olla al fuego sin supervisión) pero no a modo de cerrajero, porque si no hay peligro cuesta 150 euros. Retirar panales de abejas no se cobra, concretan, porque, ¿de quién son las abejas?
Cada caso es distinto y los hay de todos los tipos imaginables. Se retiran elementos sueltos de fachadas, pero la comunidad de propietarios recibirá el cargo y su seguro lo tendrá que asumir; si los Bomberos se desplazan pero no intervienen no hay coste; si el beneficiario del servicio es la administración tampoco se cobra...
«Estamos para ayudar y solucionar problemas, no para generarlos -sostiene Baeza-, por lo que el que piensa honradamente que nos necesita por una emergencia no lo debe dudar, es un error no hacerlo porque la situación puede empeorar». Los profesionales llaman a poner por delante del dinero la seguridad y la vida y a no provocar, con la imprudencia de no llamar, que la situación se agrave.
Precios
La otra cara de la moneda es que hace un año aumentaron los precios (ver tabla adjunta). El precio por hora de los bomberos, cabos o sargentos se ha incrementado entre un 7% y un 14%, por lo que media hora de cada efectivo está entre 16 y 30 euros, mientras que en el caso de los vehículos en algunos casos ha pasado a ser más del doble (la intervención de una autobomba durante una hora cuesta casi 360 euros, lo mismo que un vehículo de altura -el clásico camión con escalera-, una embarcación de rescate 1.100 y un helicóptero 480).
Lo mínimo -un camión, un conductor, un cabo y dos bomberos- suma 350 euros. Ahora bien, si hacen falta escaleras, más vehículos, más bomberos... Un helicóptero y seis efectivos con el vehículo de jefatura y el de rescate durante tres horas son cerca de 3.000 euros. Dos vehículos autobomba, uno de jefatura, un vehículo auxiliar dotados de personal para sofocar un incendio costará 2.000 euros.
