El Colegio de Procuradores de los Tribunales Elche se muestra radicalmente en contra del anteproyecto de ley que ha impulsado el Ministerio de Economía para liberalizar los colegios y profesiones, en concreto en su caso con la intención de que se pueda ejercer simultáneamente como abogado y procurador (eliminando la incompatibilidad actual). En Elche se han recogido un millar de firmas para sumarlas a la campaña nacional de oposición a este cambio, que ya va por las 200.000 adhesiones, solicitando al Ministerio «la modificación profunda de un proyecto que afecta al sistema judicial y a las garantías de los ciudadanos ante la ley, y que provocará el colapso de la justicia y un retroceso en los procedimientos hasta el siglo XIX».

El decano de los procuradores, Ginés Juan, es tajante en sus argumentos contra esta iniciativa del Gobierno central. Mantiene que desde 1997, con la publicación del Libro Blanco de la Justicia (del Consejo General del Poder Judicial) se está trabajando en la línea de dar más competencias a los procuradores, que son «colaboradores de la justicia» y que han tirado del carro de la modernización a través de numerosas iniciativas.

Uno de los casos más claros es el del programa para notificaciones telemáticas «Lex-Net», un sistema informático impulsado por el Gobierno que se ha ido incorporando progresivamente a los juzgados y a los colegios de procuradores en los últimos diez años y reúne en la actualidad a 8.000 profesionales de los 10.000 que hay en España, de modo que se notifica inmediatamente y las partes lo saben al momento. No sería en absoluto viable, aseguran desde el Colegio, que se incorporaran en un tiempo breve 140.000 letrados, habida cuenta de que con la llegada de 30 o 40 profesionales de golpe el programa se colapsa (y no hay visos de que la administración de Justicia vaya a acometer una inversión potente en tecnología, dado que su presupuesto cae en 2014 un 2,6%).

Ante este problema informático, y dado que el curso de los procedimientos no se puede interrumpir, el decano y el Colegio consideran que «la única solución posible sería el retorno a las notificaciones en papel, como se hace desde hace dos siglos, algo que supone una nueva vuelta de tuerca a la lentitud de la justicia y que provoca más incidencias que obligan a retrasar y posponer procesos, perjudicando ante todo al ciudadano».

Treinta millones

Baste imaginar, señala Ginés Juan, cuánto se encarecerá y retrasará el proceso si en lugar de cursar telemáticamente el 50% de las notificaciones (como se hace en la actualidad) se regresara a la notificación en el domicilio por parte de un agente judicial. Para muestra un dato; en 2012 se canalizaron a través de este programa 30 millones de notificaciones.

Por todo ello las intenciones de Economía no parecen lógicas para los profesionales (tampoco para los abogados, pues se han presentado alegaciones tanto desde el Consejo Nacional de Abogacía como de Procura), que consideran que eliminar la compatibilidad acaba con una especialización necesaria (la de los expertos en procedimiento judicial, «como si se pudiera ser, por decirlo de un modo coloquial, anestesista y cirujano al mismo tiempo», ejemplifica Ginés Juan) y se encarece la justicia. «Se va a provocar una confusión enorme que van a pagar los ciudadanos, produciendo un colapso inimaginable que disuade de pleitear, y hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva, una de las bases de una democracia constitucional», augura.

Desde el Colegio señalan que «el ministro de Economía ha emprendido un camino sin retorno que puede acarrear consecuencias irreparables sin estudiar su aplicación y sus consecuencias con su homólogo de Justicia».