El Ministerio de Fomento acaba de emitir una resolución en la que insta a la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana a que se adopten "medidas correctoras" para evitar las inundaciones que se producen en una quincena de viviendas de la partida del Llano de San José a poco que llueve como consecuencia del sistema de drenaje que se puso en marcha en el año 2006 en la Nacional 340 y que hace que uno de los desagües vaya a desembocar directamente en sus casas.

El documento del Ministerio llega después de que varios vecinos presentaran una reclamación por responsabilidad patrimonial tras los daños sufridos en sus chalés por inundaciones como consecuencia de las obras que se llevaron a cabo en la carretera de Crevillent. En esta línea, aseguran que directamente afectadas están una quincena de casas, aunque la situación acaba afectando a prácticamente todos los caminos de la partida, por lo que serían más los perjudicados.

Con fecha de 20 de julio de 2011, tres residentes formularon una reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial a la Administración central, en la que exponían que en 2006 se llevaron a cabo las obras de ampliación de la Nacional 340 y se ejecutaron sistemas de drenaje mediante unas trampillas colectoras y tubos de desagüe para recibir las aguas que llegaban desde Peña de las Águilas. Sin embargo, como sostuvieron en su momento y siguen manteniendo, una de las trampillas desagua al otro lado de la carretera mediante un tubo de unos dos metros de diámetro, y allí se ejecutó un cauce o canal de unos dos metros y medio de profundidad y unos 50 metros de largo en cuya base se vertió cemento para encauzar las aguas.

Así, al crear este cauce artificial, según argumentan los afectados, se comenzó a recibir más agua de Peña de las Águilas de la que llegaba de manera natural, lo que provocó inundaciones en las viviendas situadas a escasos metros de esta canalización a poco que lloviera con cierta intensidad. De hecho, en 2006 los reclamantes ya presentaron un escrito acompañado de un informe pericial en el que se alertaba de la situación y se pedía la eliminación o modificación de la infraestructura.

No obstante, la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, según reconoce Fomento en su resolución, contestó que el drenaje no alteraba el cauce natural de las aguas ni de las cuencas de aportación.

Los primeros problemas llegaron con las lluvias de 2008, y el Ministerio incluso llega a señalar que el colector antes tenía dos metros de ancho y llegó a los ocho metros. La situación se volvió a repetir en 2009 y en 2010, en este último caso con unas precipitaciones que apenas llegaron a los 23 litros por metro cuadrado, y por las que los vecinos reclamaron 6.742 euros por los daños.

Los afectados cobraron del Consorcio de Compensación de Seguros y llegaron a renunciar a la indemnización en metálico, por lo que el informe declara que ya no hay responsabilidad patrimonial de la Administración. A partir de ahí, el Ministerio de Fomento sentencia que "no hay duda de que la lesión se ha producido a consecuencia de la realización de una obra pública, existiendo nexo causal entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público". Es más, el documento puntualiza que la Administración "tiene el deber de proyectar y ejecutar las obras públicas causando el menor daño posible a los propietarios colindantes".

Paralelamente, Fomento alude a otro informe del Consejo de Obras Públicas en el que se dice que "el desarrollo urbanístico, residencial e industrial, con su efecto sobre el incremento de la escorrentía y las explotaciones agrícolas, y con su efecto sobre la red de drenaje, junto con las infraestructuras de transporte: viario (carreteras y ferrocarril), de agua (Canal de Levante) y gas (gasoducto), todas atravesando la red de drenaje natural, han ido modificándola, dando lugar a que, en la actualidad, lluvias de corta duración y fuerte intensidad, como las que se producen en los otoños en la zona, den lugar a avenidas e inundaciones".

Así las cosas, Fomento asegura que hay competencias que afectan a las administraciones central, autonómica y local e insta a "dilucidar mediante un estudio el reparto de responsabilidades, por acción u omisión, y de acciones a realizar coordinadamente por las distintas administraciones implicadas, para evitar que se sigan originando daños que, sin duda, van a repetirse mientras no se actúe". Por ello, pide a la Demarcación de Carreteras del Estado que se inicien los estudios necesarios para averiguar las causas concretas de las inundaciones, y que se adopten de forma coordinada las medidas correctoras oportunas por parte de las administraciones implicadas.

Los afectados, lógicamente, no pueden ocultar su satisfacción tras la decisión del Ministerio de Fomento. De hecho, como relatan, en los últimos años han visto como el agua se llevaba sus vallas y como el caudal arrastraba hasta sus viviendas trozos de cemento de la canalización, maleza y restos de basura, y les dejaba incomunicados a poco que lloviera.

Ahora los vecinos confían no sólo en que esta resolución no caiga en saco roto, sino que las soluciones lleguen cuanto antes para evitar que, a poco que llueva, sus casas dejen de ser casas para convertirse simplemente en piscinas.