La empresa Calzados Frida SL, ubicada en el Polígono Industrial de Carrús, ha recibido una inspección laboral en la que se ha detectado que al parecer muchos de los trabajadores no estaban dados de alta. No solo eso, sino que algunos estaban simultáneamente cobrando prestaciones por desempleo o pensión de jubilación en el mismo momento en que trabajaban "en negro". En su página web, la mercantil asegura que tiene "más de 150 profesionales produciendo y comercializando para más de 20 países".
Este diario ha tenido acceso a las conclusiones de la auditoría que la Inspección celebró el pasado 30 de abril en las instalaciones de la mercantil, una nave de 6.000 metros cuadrados. La supuestas irregularidades allí detectadas (que también incluyen una infracción en Prevención de Riesgos Laborales por no acreditar que se cumpla la "organización de recursos para las actividades preventivas") pasarán ahora a analizarse en sede judicial, donde la mercantil y su gerente tendrán ocasión de alegar lo que estimen oportuno, dado que desde enero el empleo masivo de trabajadores sin dar de alta es un delito incluido en el Código Penal. Si la mercantil tiene efectivamente más de cien trabajadores, los inspectores tienen obligación de alertar a Fiscalía cuando detectan más de un 25% sin dar de alta; y en caso de que sean menos de cien, el umbral para el delito está en el 50%. En todo caso, y dado que el Ministerio de Empleo ha acudido al Ministerio Fiscal, la infracción afectaría a decenas de empleados.
La sanción administrativa por cada empleado sin dar de alta (cuyo trámite se inicia si se estima que no hay responsabilidad penal) asciende a 3.126 euros por cada trabajador, aunque si son dos se incrementan en un 20% cada una, si son tres en un 30%, si son cuatro en un 40% y a partir de cinco se han fijado en un 50% más, es decir, en 4.689 euros por cada uno de los empleados en situación irregular. Ese es el castigo administrativo para la empresa. El trabajador, por su parte, es dado de alta en el momento de la inspección o bien por la mercantil o bien de oficio por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ahora bien, si además de no estar dado de alta está cobrando alguna prestación por desempleo, la multa para la empresa es de 10.000 euros y el trabajador tiene que devolver todo lo cobrado fraudulentamente del Estado, además de dejar de percibirlo desde ese momento.
Este diario trató ayer de conocer la versión de la mercantil a este respecto, aunque los responsables declinaron hacer cualquier tipo de declaración. Inspección de Trabajo también rehusó ofrecer información.
Visita oficial
Se da la circunstancia de que la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, y parte de su equipo de gobierno acompañaron el pasado 9 de mayo al secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, a visitar la empresa a modo de ejemplo de la industria del calzado local. Los empleados debieron de quedarse a cuadros con esta visita imprevista, la segunda en diez días después de la de la Inspección de Trabajo.
El secretario de Estado de Comercio visitó la provincia con dos compromisos. Al primero, en el Centro de Congresos de Elche por la mañana (la clausura de la jornada "Apoyo financiero a la internacionalización empresarial"), no pudo llegar a tiempo y excusó su ausencia. A medio día sí participó en un "almuerzo-coloquio" con empresarios organizado por la Cámara de Comercio y la patronal de Coepa en Alicante. Después, por la tarde, fue cuando la regidora ilicitana le acompañó en una visita al Polígono Industrial de Carrús, en la que visitaron la fábrica de Calzados Frida para que conociera de primera mano un ejemplo de industria zapatera ilicitana.
La alcaldesa, Mercedes Alonso, dijo ayer a preguntas de este diario que "no tengo ni idea de si es verdad que hubo una inspección, fuimos al Polígono de Carrús y esta es una de las empresas a las que fuimos, pero no sé nada más; son empresas abiertas en nuestra ciudad y que tienen a mucha gente trabajando, nosotros vamos, hablamos con los empleados, que nos dicen que están dados de alta hace muchos años...". La regidora aseguró que "no somos Hacienda ni somos la Inspección, igual que si cualquiera va a comprar a una tienda no sabe si el establecimiento tiene licencia de apertura ni le pedimos el contrato de trabajo a la dependienta antes de comprar, si está abierto entiendes que está legal". Por ello, concluyó que "es una empresa que visitamos junto con otras en Futurmoda en Madrid, que está vendiendo mucho al exterior y que da trabajo a mucha gente... Si hay algunos que no están dados de alta no lo podemos saber, yo eso ni siquiera me lo imagino (cuando lleva al secretario de Estado), no es la misión del Ayuntamiento".
"Estar sindicado en estas empresas es pena de muerte laboral"
En los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no sorprendió en absoluto conocer que la mitad de la plantilla de una empresa pudiera no estar dada de alta en una empresa de calzado. El sector adolece de cierta fama de economía sumergida no siempre merecida, aunque la Inspección de Trabajo señaló recientemente a este diario que está vinculado al trabajo "en negro" de forma estructural, y más si cabe últimamente con motivo de la crisis. De hecho, en la edición del pasado domingo fuentes de la Inspección señalaban que es cada vez más habitual encontrar a trabajadores sin dar de alta que simultáneamente cobran el paro o ayuda familiar.
Desde UGT señalaron ayer que "no creemos que haya delegados sindicales en esta empresa, porque estar sindicado en el calzado es pena de muerte, los trabajadores solo vienen a nosotros cuando les llega el agua a la nariz y difícilmente hay representantes de sindicatos, si los hay suelen ser de cartón piedra porque el que se significa lo tiene después muy difícil para encontrar trabajo; circulan por ahí listas negras".
En CC OO, por otro lado, señalaron que es habitual que las intervenciones de inspectores de trabajo se hagan acompañadas de presencia policial, dado que "desgraciadamente es habitual que haya un alto número de trabajadores sin dar de alta". e. g. b.
