Hace no más de cuatro o cinco años, algunos de los agraciados en el sorteo de viviendas de protección oficial (VPO) lloraban de alegría. Hoy para muchos de los que escrituraron a partir de 2009 las ayudas que prometía la Generalitat se han convertido en toda una trampa, porque ni han recibido el dinero que esperaban ni tienen legalmente permitido alquilar, vender o abandonar sus casas por un periodo de diez años. Hay 50.000 afectados en la Comunidad Valenciana a los que la administración autonómica debe 250 millones de euros, pero, ¿qué hay detrás de las grandes cifras? Al menos 700 familias ilicitanas en situaciones de lo más comprometidas, algunas abocadas a la ejecución hipotecaria (sin eufemismos; a perder sus viviendas) y otras con la incertidumbre y el temor constante de no saber si llegarán a final de mes.

Detrás de los números está por ejemplo Noemí Pastor, esperando 14.000 euros desde septiembre de 2009, con una hipoteca de 800 euros al mes y un solo sueldo en casa de 1.200 euros: "Vamos bastante agobiados, porque si mi marido perdiera el trabajo no sabríamos qué hacer para que no vayan a por sus padres, que fueron nuestros avalistas". En ese paquete de cientos de personas está también Sergi González, esperando su primer hijo y 15.000 euros de la Conselleria y del Estado desde enero de 2010, con media casa sin amueblar: "Nos está ayudando la familia, pero evidentemente recibir lo que nos deben sería una tranquilidad".

Es difícil calcular cuántas personas están afectadas por los retrasos en el pago del cheque vivienda, que ya arrastran cuatro años. Las tres últimas promociones de la empresa pública municipal Pimesa se vendieron a 486 personas (se sabe que todas ellas solicitaron la ayuda porque la misma entidad las tramitaba, recuerdan), y a ellas hay que sumar a quienes compraron en los edificios impulsados por los sindicatos y a quienes adquirieron viviendas de renta libre pero cumplían los requisitos y se acogieron al plan de VPO (no más de 9.000 euros de ingresos en el núcleo familiar el año anterior, no más de 120 m2 de casa, no más de 150.000 euros de hipoteca). Calculando por lo bajo, 700 familias, aunque la Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda no descartaría que sean el triple.

Lidia Dorado es una de ellas. Compró una VPO en 2008 y al año siguiente le aprobaron una ayuda de 11.500 euros que le pagarían en un máximo de dos años. Aún la está esperando. "Tuve al menos la suerte de poder buscar dónde hacer mi préstamo, porque en el resto de VPO no podías elegir banco y tenías que aceptar unos tipos de interés altos a pesar de que éramos gente con bajos recursos". Para ella, claramente, "la VPO ha sido una trampa, la realidad es que las ayudas no compensan todas las trabas que tienes, porque además de que no las has cobrado no puedes disponer de tu piso, ni alquilarlo para sacarle algo de dinero ni venderlo si no lo puedes pagar, ni siquiera volverte con tus padres para ahorrarte la luz y el agua porque tienes la obligación legal de residir allí". Si lo incumples, no solo hay que renunciar a la ayuda pendiente de cobro (el cheque vivienda, algo más del 7% del precio de la casa) sino también devolver la que se recibió en el momento de la compra.

Dobleces

El asunto aún tiene más dobleces. En el caso de David Valero, por ejemplo, una entidad bancaria, la Cooperativa Valenciana d'Habitatges (HAB-CO) y el sindicato promotor de su edificio de San Antón le "animaron" a pedir que el banco le adelantara el dinero. Eran 11.100 euros que le debían de llegar antes del pasado 9 de mayo: "Me dijeron que no me preocupara, que yo tenía mi papel firmado como que la ayuda estaba concedida". Pero no han llegado, y eso le supone ahora que quien tiene la deuda con el banco es él, de modo que ha tenido que refinanciar: "Me han cobrado 650 euros por los dos años en los que me han dejado el dinero, además de un 0,5% por la operación de apertura de un préstamo de garantía personal y un seguro obligatorio de 50 euros, intereses al 8,5%... Y si sigue sin llegarme el dinero la letra subirá a 246 euros más la hipoteca que ya pago". Lo que le queda de momento es el derecho al pataleo: "Llamo cada tres o cuatro días a Valencia pero lo que te dicen depende de la funcionaria que descuelgue".

En principio, David Valero cobrará pronto porque está en la lista de afectados con prioridad. La Plataforma asegura que hay dos listas públicas (la primera de octubre de 2012) y en ellas solo hay personas a quienes adelantó el dinero una entidad, "lo que significa que los primeros en cobrar van a ser los bancos".

Prescripción

Otro temor es que las ayudas prescriban a los cuatro años de haberse concedido, porque aunque la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, haya reiterado ya que no caducan, pocos son los afectados que la creen: "Aunque ella diga que no prescriben, la Ley de Hacienda Valenciana dice que sí", alertan desde la Plataforma, por lo que los particulares se están lanzando a registrar escritos donde dejan negro sobre blanco que no renuncian a la ayuda. Pero la administración no siempre les contesta a tiempo, y a su vez esto está generando que se acuda masivamente al Síndic de Greuges. La respuesta oficial, sin más, es que en junio habrá más reuniones. Atentos a ellas están cientos de vecinos de Elche y miles de la Comunidad.

Reclama el compromiso de un plan de pagos

La Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda volverá a reunirse en Elche en junio y ha contactado con todos los partidos políticos, no por simpatías sino "porque necesitamos que nos den voz, para informar a la gente porque la situación parece llevar a que cobran solo los que hacen ruido". Reclaman que al menos la Generalitat se comprometa a un plan de pagos. Para contactar con ellos, "www.afectadosayudasviviendacv.wordpress.com".