La estrategia química contra la plaga del picudo rojo, que amenaza las palmeras de Elche y buena parte de la provincia, está en entredicho. La Comisión Europea acaba de decidir que continuará adelante y prohibirá -o al menos restringirá enormemente- el uso de tres pesticidas derivados de la nicotina que afectan a las comunidades de abejas. Dos de ellos son precisamente los que se usan contra el coleóptero y en ellos ha basado su lucha el Ayuntamiento: El Imidacloprid se suministra a las palmeras como método preventivo y curativo dos veces al año y el Thiametoxam se hace llegar a través de tubos pegados al tronco que facilitan el acceso al ápice de los árboles más altos, tal y como ha venido anunciando el concejal de Vía Pública, Manuel Rodríguez (PP).

Precisamente España emitió uno de los 15 votos a favor de prohibir el uso de estas dos sustancias y de una tercera de naturaleza similar (Clothianidin), aunque los estados miembros de la Unión Europea no alcanzaron la mayoría cualificada por el voto en contra de ocho. Ante este resultado, el comisario europeo de Sanidad y Consumo, Tonio Borg, señaló que "dado que la propuesta estaba basada en varios riesgos para la salud de las abejas identificados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en enero, la Comisión seguirá adelante con el texto".

La importancia de proteger a las abejas radica en que su papel en la polinización es esencial para asegurar el ecosistema, además de que "su contribución anual a la agricultura europea se cifra en más de 22.000 millones de euros", según datos de Borg.

Las consecuencias en la batalla que libra Elche para tratar de proteger a las palmeras son inmediatas, pues la prohibición afecta a los árboles que atraen abejas (es el caso de las palmeras porque tienen polen, señalaron ayer a este diario viveristas) y a los cereales, aunque deja la puerta abierta a que se puedan usar en condiciones muy concretas, en cosechas de invernadero o al aire libre tras la floración.

La Comisión Europea pretendía que las prohibiciones entraran en vigor a partir del 1 de julio, aunque finalmente se ha decidido retrasarlas hasta el 1 de diciembre para minimizar las pérdidas económicas que pudiera suponer para los agricultores, dado que también se restringe la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan estas sustancias.

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El vicepresidente de la Asociación de Viveristas, Irineo López, consideró ayer que habrá que buscar un sustitutivo: "Hay miles de insecticidas, consideramos que se podrá seguir tratando cambiando el producto por otro y creemos que es la única forma, porque lo demás es experimental (en referencia a métodos biológicos)". Este diario trató ayer sin éxito de conocer la opinión del edil Manuel Rodríguez.

La noticia se recibió con satisfacción en el colectivo Margalló Ecologistes en Acció, que ya alertó de los peligros del Imidacloprid y el Thiametoxam hace más de un año. La asociación aseguró ayer que "la prohibición por parte de la Unión Europea era algo que esperábamos y lamentamos que el Ayuntamiento y la Concejalía de Vía Pública no hayan tenido sensibilidad suficiente como para pensar que esto iba a pasar". Margalló Ecologistes en Acció asegura que "ya planteamos que había una normativa a nivel europeo sobre productos fitosanitarios y que este tipo de sustancia estaba en estudio, que no era todo lo inocua que decía el Ayuntamiento, porque hablamos de afección a las abejas pero estarían por estudiar los efectos a largo plazo sobre las personas, la bioacumulacion...".

El colectivo aboga por "intentar controlar el picudo con métodos biológicos y ecológicos inocuos para el medio ambiente y con control exhaustivo de todas las palmeras, no solo las del casco histórico sino también en los alrededores, porque estamos hartos de ver palmeras con picudo sin retirarse durante meses". Añadieron que "más medios no son más personas fumigando, eso es un parche; lo único que han hecho los políticos ha sido actuar de cara a la galería con medios insuficientes y además peligrosos y contraproducentes". Concluyeron que "el concejal debería dimitir después de habernos llamado alarmistas y decir que estamos politizados por avisar de que el producto se debía prohibir".