Los llamados "ajustes presupuestarios", concretados llanamente en recortes, no sólo afectan a los principales servicios públicos, como es la educación y la sanidad, entre otros, sino también a servicios anexos a éstos. Y los mismos han terminado por llegar al ámbito de la vigilancia privada en el ámbito de la salud. En concreto, el dispositivo de vigilancia del Hospital General de Elche se va a ver mermado al reducirse el presupuesto en esta partida por parte de la Conselleria de Sanidad, según indicaron ayer fuentes sindicales.
La nueva contrata implica una reducción del número de efectivos presentes en el citado centro hospitalario. Así, si hasta la fecha había cuatro profesionales entre semana por cada turno mañana, tarde y noche, los cambios introducidos pasan por restar un efectivo, de momento, en el horario nocturno.
Asimismo, de los cuatro vigilantes jurados que prestan sus servicios durante los fines de semana y festivos en los distintos accesos, se ha establecido que se pasará a tres integrantes para atender a todo el hospital.
La nueva contrata incorpora una reducción en el cómputo anual de horas, mientras que la empresa concesionaria se habría comprometido a no despedir a ningún empleado, por lo que la plantilla, pese a los recortes, se muestra satisfecha, según indicaron diversas fuentes sindicales.
Preocupación
No obstante, la alegría puede ser no tanta para el personal que trabaja en el centro hospitalario: administrativo y de servicios, celadores, técnicos sanitarios, enfermeras o médicos, algunos de los cuales, hace unos años, fueron víctimas de algunas actitudes violentas y agresivas por parte de familiares de pacientes e incluso de éstos, sobre todo por las largas esperas o quejas por la desatención.
A raíz de estas agresiones, la Conselleria de Sanidad se vio obligada a finales de la pasada década a reforzar la presencia de vigilantes jurados y a intensificar las medidas preventivas ante el incremento de episodios violentos.
De hecho, uno de los casos más llamativos fue el que se produjo en febrero de 2006 cuando un paciente que había recibido el alta médica regresó al hospital con un palo y sin mediar palabra golpeó a cuatro trabajadores.
"Una cosa es racionalizar el servicio entendiendo que durante esas horas hay menos flujo de pacientes, pero otra muy distinta es rozar la temeridad. Que acuda menos gente no tiene qué ver con lo que pueda suceder en cualquier momento, que es lo que evitan los vigilantes de seguridad", argumenta José Jiménez Cabezas desde el sindicato USO en Alicante en relación a estos recortes.
Por su parte, el delegado del sindicato CSI-F, Jesús Quintanilla, hace suya la denuncia de Jiménez y recuerda que, a nivel general, "los vigilantes jurado se contrataron para evitar las agresiones de que eran objeto los sanitarios y para proteger las instalaciones".
Una medida similar en otras localidades dejará desasistidos a los centros de salud entre la una del mediodía y las seis de la tarde todos los días de la semana.
Sanidad deja los centros de salud desprotegidos
Una decena de centros sanitarios incluidos en el área de salud 19 que integra a Alicante y San Vicente del Raspeig verán mermada ostensiblemente la vigilancia de seguridad a consecuencia de los recortes del Consell en el presupuesto para esta partida.
Tanto el Hospital General de Alicante como los centros de salud de Campoamor, Los Ángeles, San Blas, Parque Lo Morant, Florida-Babel, Plaza de España y calle Aaiún en Alicante, además del de San Vicente del Raspeig, perderán hasta una decena de vigilantes jurado, así como de horas de permanencia del resto de la plantilla de seguridad asignada a estos centros hasta ahora.
Tal y como advierte el delegado del sindicato USO, José Jiménez Cabezas, la empresa CECA Seguridad ha informado al comité de empresa de estos trabajadores de la necesidad de recortar horas de servicio y plantilla. "En un primer momento, a primeros de febrero, se habló de rebajar 16.000 horas, pasando de 73.438 a 57.242 horas, pero ahora se vuelve a disminuir hasta las 53.200 horas", señala el sindicalista.
"En realidad intentan ahorrar 400.000 euros cuando las consecuencias de esta medida superan en mucho esta cantidad para una población de miles de pacientes y sanitarios", concluyen desde los sindicatos USO y CSI-F.
