El Ayuntamiento de Elche solicitará a la Dirección General del Catastro una revisión de los valores de los inmuebles que supondrá un incremento del 47% en diez años. Así lo anunció ayer el concejal de Hacienda, Manuel Latour, quien concretó que, en caso de que el Gobierno central dé luz verde a la petición, la medida será efectiva a partir del próximo año, cuando se comenzará a aplicar una subida del 5%, que tendrá continuidad hasta el año 2023. No obstante, se comprometió a que este aumento no repercuta en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e incluso aseguró que la intención es que el tributo baje en 2014 un 10% respecto a este ejercicio, al dejar de tener vigencia la medida excepcional que decretó Rajoy para paliar el déficit durante los años 2012 y 2013. Para ello, el edil indicó que la intención es bajar el tipo impositivo -el coeficiente que se aplica para determinar lo que hay que pagar-, que en estos momentos es del 0,89.

La última actualización de los valores catastrales a través de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general se hizo en Elche en el año 2000 y comenzó a aplicarse en 2001. Sin embargo, el Gobierno central, a través de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, permite a los ayuntamientos pedir una revisión con el fin de que el valor catastral se sitúe en el 50% del precio de mercado del inmueble. Para ello, se establece que deben haber transcurrido al menos cinco años desde la última valoración colectiva, y tiene que haber diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de la tasación catastral en vigor.

En cualquier caso, la propuesta, que pasó ayer por la Comisión de Hacienda y, como era de esperar, contó con el rechazo de los dos grupos de la oposición, el PSOE y el Partido de Elche, se debatirá en el pleno del próximo lunes y, posteriormente, será el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que decida si se da curso a la petición o no.

Latour explicó que lo que se busca con esta ley es homogeneizar los valores catastrales en todos los municipios españoles, y puso el acento en que "este año se va a pagar por el IBI lo mismo que en 2012, pero para el próximo ejercicio, pese a esta revisión catastral, se pagará menos, ya que se va a eliminar el 10% que el Gobierno central estableció para 2012 y 2013, y se ajustará el tipo impositivo para que no suba el recibo".

No obstante, el edil de Hacienda reconoció que este planteamiento supondrá que las arcas municipales dejen de ingresar 5 millones de euros menos en 2014, por el 10% del incremento de 2012 y 2013, por lo que tendió la mano a la oposición para consensuar medidas para cuadrar el presupuesto del próximo ejercicio, y ver de dónde se puede recortar esa cantidad.

Por su parte, la concejal del grupo municipal socialista María Dolores Asencio y el portavoz del Partido de Elche, Jesús Ruiz Pareja, vieron en esta medida una muestra del "afán recaudatorio" del equipo de gobierno.

Asencio hizo hincapié en que, "cuando más necesitan la ayuda de sus gobernantes, el Ayuntamiento golpea de nuevo a los ilicitanos con una revisión de los valores catastrales, que es una subida encubierta", y se mostró convencida de que el IBI se incrementará de cara al próximo ejercicio. En esta línea, criticó que el Ayuntamiento se adelante a los plazos que da la ley, que permite que se pueda cursar la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2016.

Mientras, Pareja sentenció que "lo que se persigue es que los tontos de los ciudadanos paguen más por menos, porque no hay nada que baje, sólo el poder adquisitivo", y consideró que "el equipo de gobierno busca cobrar más por el IBI, pero por la puerta de atrás, para ingresar más". Por ello, anunció que se opondrá "independientemente de lo que marque la ley".

Asencio denuncia que los usuarios tendrán que pagar más por la ayuda a domicilio

La concejal del grupo municipal socialista también mostró ayer su rechazo a la modificación de la ordenanza del servicio de ayuda a domicilio, ya que, según aseguró, se elimina la gratuidad para muchos usuarios y a los que ya pagaban se les suben los precios, pese a que, como recordó "Martínez-Pujalte vendió que era una ordenanza llena de bondades, cuando la realidad es otra". En esta línea, comentó que, hasta la fecha, no se cobraba a aquellas personas que cobraban menos de 8.980 euros anuales, y ese importe se reduce ahora hasta los 7.455 euros. También concretó que, en lugar de tomarse como referencia el salario mínimo interprofesional, se utilizará el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). "Ahora algunos usuarios pagarán el cien por cien del servicio, en lugar de pedir a la Generalitat que suba la aportación para la ayuda a domicilio", sentenció la socialista. Por eso, subrayó que, "nuevamente, se trata de más impuestos y menos servicios".

Latour critica que no se creara en 2009 una cuenta para los 2,7 millones de las Clarisas

El informe de Tesorería sobre la utilización de los fondos líquidos ingresados por el cobro de la subvención y del préstamo del proyecto del Centro de Gestión del Conocimiento, que publicó ayer INFORMACIÓN, pasó por la Comisión de Hacienda. El documento detallaba que no había ninguna restricción legal o financiera que impusiera una caja diferenciada para estos 2,7 millones de euros que se iban a destinar a la rehabilitación de las Clarisas y que, por el principio de caja única, los fondos se utilizaron para atender obligaciones municipales. Sin embargo, lejos de zanjarse la polémica por el destino del dinero, el edil de Hacienda destacó ayer que "el dinero se ingresó en 2009, pero no se hizo nada ese año, ni en 2010, ni en el primer semestre de 2011", e insistió en que el dinero se debía haber apartado en una cuenta separada aunque no hubiera obligación. Además, avanzó que "ese dinero lo tenemos controlado, y, cuando llegue la resolución del Ministerio, estudiaremos si pagamos o recurrimos".

Polémica por las tarifas que ofrecerá el nuevo centro deportivo de gestión privada

El edil del grupo municipal socialista Ramón Abad denunció ayer que el centro deportivo de gestión privada que se construirá en una parcela municipal junto a El Corte Inglés se dirigirá a "gente con alto poder adquisitivo", y subrayó que "el afán privatizador de la alcaldesa no tiene límites". Abad apoyó estas declaraciones en las tarifas que se incluyen en el plan de viabilidad elaborado por una de las empresas que se han presentado al proceso de adjudicación del proyecto, y que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 10 de agosto. En ese documento, como ya publicó INFORMACIÓN el martes y recordó el socialista, se fija que el precio de la entrada a la piscina será de ocho euros, frente a los tres que cuesta en una piscina municipal; o una hora de tenis, valdrá entre 10 y 15 euros, frente a los 4,10 de las pistas del Ayuntamiento. Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Vicente Granero, aseguró que "no hay ninguna tarifa de precios definida y serán similares a las de la Ciudad Deportiva".