Los locales productores de niveles altamente sonoros como discotecas, pubs, karaokes o salas de fiestas, deberán presentar una auditoría acústica en el momento de la apertura, así como cada cinco años, con el fin de garantizar que no sobrepasan los niveles de ruido. Así lo recoge la nueva ordenanza de contaminación acústica por ruidos y vibraciones que se aprobó en el pleno de ayer, con el voto en contra del grupo municipal socialista.
El edil de Empresa y Empleo, Luis Ángel Mateo, explicó que la norma no tiene carácter retroactivo, por lo que inicialmente únicamente se exigirá a los locales que abran a partir de ahora, aunque pasados cinco años se comenzará a pedir a todos los establecimientos, dentro de la ronda de revisiones periódicas. Las auditorias tendrán que estar en manos de empresas autorizadas o la Universidad Miguel Hernández, según precisó.
Los establecimientos de ocio, asimismo, deberán disponer de limitadores en los equipos de música. El responsable municipal de Empresa y Empleo concretó que "tendrán que ser aparatos homologados que limiten el sonido hasta los decibelios permitidos, y que lo registrarán ante las posibles inspecciones que se puedan llevar a cabo". En esta línea, el Ayuntamiento se reserva el derecho de, en un futuro, conectar los limitadores con la Policía Local para que, en caso de que se superen los decibelios o el aparato esté en mal estado, los agentes puedan detectar estos incidentes al momento.
Además, estos locales deberán tener un responsable en la puerta con el objetivo de que evite la acumulación de gente en la calle y, por tanto, que garantice que no se producen molestias a los vecinos. "Muchas veces el ruido no viene de una mala insonorización, sino de la calle y, por eso, esta medida puede contribuir a evitar estos problemas, porque el Ayuntamiento poco o nada puede hacer para evitarlo", detalló el concejal.
En la nueva normativa municipal aprobada ayer también cambiarán los horarios, de forma que si, hasta ahora, se diferenciaba entre horario de día, de 8 a 22 horas, y nocturno, de 22 a 8 horas, ahora se distinguirá entre tres franjas: diurna, de 7 a 19 horas; vespertina, de 19 a 23 horas; y nocturna, de 23 a 7 horas, con distintos decibelios para cada momento.
Por otro lado, el mapa acústico, que ya se ha comenzado a elaborar y que se revisará cada cinco años, podrá determinar las zonas acústicamente saturadas en las que, con carácter preventivo, se podrá decretar que no se abran nuevos establecimientos productores de niveles altamente sonoros o la necesidad de garantizar una distancia mínima entre locales, aunque estas medidas se acordarán dentro de un plan de acción que tendrá que pasar por el pleno.
Estas medidas se unen al Observatorio del Ruido y a la Oficina de Prevención de la Contaminación Acústica, o al cobro de las sonometrías a cargo del denunciante si es negativa o del denunciado si es positiva, que también recoge la ordenanza, y que, como resaltó el concejal, "pretenden conciliar el ocio y el derecho al descanso de los vecinos". En el pleno, el concejal argumentó que la anterior ordenanza, de 1998, ya había quedado "desfasada".
Mientras, el portavoz del Partido de Elche, Jesús Ruiz Pareja, insistió en que esta normativa se debería haber impulsado desde Medio Ambiente y no desde Empresa y Empleo, y comentó que se debería haber incluido la contaminación lumínica.
Por su parte, el edil socialista Emilio Doménech afirmó que "esta ordenanza recoge cosas que ya estaban aplicando, salvo el Observatorio del Ruido, que sigue dejando fuera a la oposición, a los vecinos y a los empresarios; la Oficina de Prevención de la Contaminación Acústica, que no pasará de la colocación de un bonito cartel, salvo que se piense colocar a un amiguete; y las tasas por sonometrías, con afán recaudatorio".
Polémica por la venta de subsuelo
El equipo de gobierno dio luz verde ayer, con el apoyo del Partido de Elche, a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana por la que se permitirá vender el subsuelo, como si de un solar se tratara, para la construcción de aparcamientos privados. El edil de Ordenación Urbana e Infraestructuras, Vicente Granero, afirmó que, "con esta medida, se pretende paliar el déficit de aparcamientos en Elche en zonas consolidadas urbanísticamente y asegurar una mejor explotación de los aparcamientos, ya que habrá precios más competitivos". También aseguró que "no se va a hipotecar ninguna infraestructura". Por su parte, el portavoz adjunto socialista, Antonio Rodes, afirmó que "es un tema grave porque se está poniendo en venta la ciudad", y añadió que "el suelo y el subsuelo son recursos no renovables, y afectan al desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad".
