La Sindicatura de Cuentas ha entregado en las Cortes Valencianas su programa anual de actuación, que establece las líneas de trabajo que marcarán la actividad del órgano de control externo para este ejercicio, y que incluye el plan de fiscalización al Ayuntamiento de Elche, junto a los de Alcoy, Alicante, Benidorm, Castellón de la Plana, Paterna, Sagunto, Torrevieja, Valencia y de las tres diputaciones provinciales. Paralelamente, se hará una fiscalización específica a Elche, Benidorm y Villarreal, tras haberlo solicitado en sus plenos municipales. Los informes se unirán al de la Cuenta General de Entidades Locales, sobre los 860 organismos locales valencianos, de forma que deberán remitir sus cuentas a la Sindicatura. Además, por primera vez, deberán enviar la información relativa a su actividad contractual.
El concejal de Hacienda, Manuel Latour, explicó ayer que, "hace unos semanas, nos convocaron a una reunión a la que asistieron los técnicos municipales para explicarles el plan de fiscalización. A partir de ahí, nos enviaron los formularios que teníamos que cumplimentar de índole administrativa y económica, de contratación o de subvenciones, entre otras cosas". El edil detalló que el Ayuntamiento deberá enviar los formularios antes del 10 de febrero y, a partir de ahí, la Sindicatura los cotejará y elaborará un informe provisional que se enviará de nuevo al Ayuntamiento para que se pueda abrir el plazo de alegaciones. Cerrado este periodo, se elaborará un informe definitivo que pasará por el pleno y por el Tribunal de Cuentas de Madrid y que se publicará en la página web de la Sindicatura de Cuentas.
En cuanto a la fiscalización específica que se aprobó solicitar en el pleno del pasado mes de septiembre, Latour señaló que "suponemos que se desarrollará en el segundo semestre para evitar que se puedan cruzar los datos". El responsable municipal de Hacienda apuntó que, "con esta petición que se hizo a la Sindicatura de Cuentas, lo que queremos es saber cuál ha sido la gestión municipal en los últimos años y, sobre todo, si los procedimientos administrativos se ajustan a la ley".
El equipo de gobierno presentó en el pleno de septiembre una moción para solicitar a la Sindicatura una auditoría de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento entre los años 2007 y 2011. En la moción se explicitaba que en el exceso de gasto de 2010 había facturas que "no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, al no haberse realizado su tramitación mediante los correspondientes sistemas establecidos". No obstante, la propuesta no estuvo exenta de polémica, ya que el edil socialista Emilio Martínez argumentó que el PSOE ya había solicitado una auditoría a la Sindicatura en el mes de junio, a lo que Latour respondió que esa petición no tenía efecto si no pasaba por el pleno.
