La Generalitat ha cedido las dependencias del antiguo Palacio de Justicia de Elche al ayuntamiento de la localidad, que, a su vez, destinará su uso de manera temporal a la Universidad Cardenal Herrera CEU para la implantación de nuevos grados.
Así ha quedado fijado en el acuerdo suscrito hoy entre la alcaldesa ilicitana, Mercedes Alonso (PP), y el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, en el encuentro mantenido en el edificio consistorial.
Tal y como ha indicado Alonso, el objetivo de la cesión del edificio al ayuntamiento responde a la intención del Consell de "revitalizar" el comercio en la zona y "crear" actividad económica, ya que tras la apertura de la nueva Ciudad de la Justicia en 2010 "muchos establecimientos del entorno se vieron abocados al cierre".
"La falta de previsión y la dejadez de la anterior corporación municipal (PSPV-PSOE) provocaron que, tras el traslado de la actividad judicial a las nuevas dependencias, el funcionamiento de los comercios colindantes se resintiera gravemente", según la regidora, quien ha explicado que el uso de las instalaciones por parte del CEU contribuirá a la reactivación económica del barrio.
"Ya hemos acordado con los directivos del centro universitario que tendrán que prescindir de cafetería y servicios de copistería en el interior del inmueble", ha asegurado Alonso, antes de señalar que, de ese modo, no se perjudicará a los comercios de la zonal
"Una vez resueltos los trámites administrativos pertinentes, el consistorio procederá de manera inmediata a la cesión del uso al CEU", ha indicado.
Respecto a la apertura de las instalaciones por parte de la universidad, ha adelantado que se prevé para el comienzo del curso académico 2012-2013, una vez finalizadas las obras de reforma, cuyo coste asumirá el CEU.
"Está previsto que el CEU oferte nuevas titulaciones y amplíe el número de plazas en grados que ya ofrece como el de Magisterio", ha avanzado.
Por su parte, Gastaldi ha anunciado que la Conselleria de Justicia prevé la reapertura del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Elche para principios del próximo año, cuyo funcionamiento gestionará la Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar (FAVIDE), dependiente de la Generalitat.
El PEF de Elche cesó su actividad en octubre de 2010 tras la negativa de la Fundación Salud Infantil a gestionar su funcionamiento como consecuencia de la falta de recursos económicos, pues la subvención aportada por el Ejecutivo autonómico cubría "tan sólo" el 20 por ciento del coste total de los servicios prestados, según denunció el entonces presidente del organismo, Fernando Vargas.
Además de los casos tramitados en el juzgado de Elche, el PEF acogía expedientes derivados de otras ciudades como Orihuela, Torrevieja o Alicante, atiendo semanalmente a una media de 130 menores.
