Madres y padres de cuatro colegios de Elche acudieron ayer al edificio Prop en la ciudad -servicio para realizar todo tipo de trámites con la Generalitat Valenciana- para protestar y exigir los ingresos que les corresponden por el bono-libro.

Estos centros, en concreto Miguel Hernández, Ramón Llull, Jaime Balmes y Vicente Blasco Ibáñez, son un caso especial porque, a diferencia del resto de colegios, el cheque con el importe del bono-libro no lo recibe cada una de las familias, sino que es la escuela la que se encarga de centralizar en su cuenta la suma de todos los abonos para este fin.

Esto se debe a que cada uno de estos colegios trabaja con materiales socializados, es decir, funcionan con elementos didácticos la más de las veces creados por los propios profesores y, por tanto, apenas utilizan los libros de texto corriente. De este modo también se buscan abaratar costes al realizar grandes pedidos.

La cuestión es que ninguno de los cuatro centros, según aseguró ayer Ana Giménez, presidenta de la asociación de padres de alumnos del colegio Vicente Blasco Ibáñez, ha recibido los 105 euros que le corresponde por cada niño.

Cada centro está esperando recibir entre 20.000 y 30.000 euros, por lo que la cuantía que se les adeuda desde la Generalitat podría estar en torno a los 100.000 euros sumando los cuatro.

En cuanto a los niños que se pueden ver afectados, en el caso de que el suministro de material se interrumpa de forma notable, éstos podrían ser entre 1.200 y 1.400 alumnos, según cálculos de la federación de padres.

Desde la APA del "Blasco Ibáñez" se señalaba ayer que a cada familia le corresponden 105 euros por el bono-libro, cantidad a la que suman otra aportación de 60 euros de los propios padres para completar las compras de material. "Si no llega el dinero, los padres tendremos que volver a poner dinero", se indicaba ayer, al tiempo que se aseguraba que se están barajando medidas de protesta.

Tras entregar ayer cientos de reclamaciones ante la Conselleria de Educación, los padres no descartan en un futuro no llevar a sus hijos al colegio.

Los afectados añaden que desde la conselleria les aseguran que los centros van a cobrar, pero no se dan fechas concretas, por lo que los propios colegios están quedando como morosos ante los proveedores.