Una treintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y activistas del Movimiento 15-M de Elche han pedido hoy "sin éxito" la dación en pago de una vivienda para un matrimonio en situación de desempleo a las puertas de una sucursal del Banco Castilla-La Mancha.
Tal y como ha indicado en declaraciones a Efe el abogado de la plataforma, Antonio Palazón, la pareja solicitó un préstamo de 265.000 euros a la entidad bancaria para la compra de una segunda vivienda en 2007, cuyo valor de tasación fue fijado en 464.000 euros por el propio banco.
Pese a ello, "se les impuso como condición innegociable para la concesión del préstamo que hipotecaran su antigua vivienda", libre de cargas en aquel momento y de su propiedad, ha señalado Palazón tras calificar de "abusivo" el requerimiento.
Tras quedar en paro, el matrimonio, con un hijo de 12 años, "no pudo hacer frente al pago de las mensualidades y acumula varios años de impagos", por lo que el banco procederá a la subasta de la nueva vivienda el próximo día 7 de octubre.
"Esta familia está a punto de perder no sólo la casa por la que se endeudó sino también su antigua vivienda ubicada en el barrio de Carrús", ha denunciado tras exponer que la plataforma remitió al Banco Castilla-La Mancha un escrito solicitando la dación en pago, del que "todavía" no han obtenido respuesta.
"En el escrito pedimos que aceptasen la dación de la segunda vivienda en pago de la deuda y que liberasen la otra vivienda para que, en justicia, la familia pudiera conservar un lugar donde vivir", ha detallado.
Sin embargo, "la entidad bancaria procederá a la subasta alegando que el matrimonio aún tiene pendiente un pago 250.000 euros, a los que se suman 11.000 euros generados en intereses y otros 53.000 en concepto de costas judiciales por la ejecución de la hipoteca", según Palazón.
"Se trata de un montante de unos 270.000 euros, una cantidad que supera el préstamo concedido y que además se sitúa muy por debajo del valor de tasación de la vivienda", ha denunciado.
En la misma línea de críticas, se ha referido a una normativa del Banco de España por la que las entidades bancarias tienen la obligación de contestar en un plazo de quince días a las reclamaciones presentadas por los clientes, actuación que, según ha dicho, "no se ha cumplido".
"Hemos entrado con el matrimonio y los empleados nos han dicho que es un caso como cualquier otro, que sigue su procedimiento de ejecución, y depende de la central", ha explicado Palazón, para quien es "lamentable" que el banco "se proteja con sus empleados" provocando la "indefensión total del ciudadano".
Por su parte, los operarios de la entidad bancaria han declinado hacer declaraciones al respecto.
