La necesidad de reformar la ley concursal, sobre todo para proteger la viabilidad de las empresas, fue uno de los aspectos analizados ayer por los economistas reunidos en el II Foro Concursal de Profesionales organizado por el Colegio de Alicante y que se celebró en el Centro de Congresos. "El número de concursos ha aumentado en el primer trimestre del año. De hecho, ha sido la más elevada de la historia económica desde que la ley entrara en vigor en 2004. Esto significa que este procedimiento se usa cada vez más, aunque estamos muy lejos del nivel de utilización de los países de nuestro entorno", indicó Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de Alicante, quien, no obstante, reconoció que es un recurso que se usa poco. En este momento, la ley está en proceso de reforma "y hay que intentar que se adapte a las circunstancias porque no estaba pensada para una situación de crisis como la actual", manifestó Francisco Menargues.
Por su parte, Leopoldo Pons, presidente del Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Economistas (REFOR-CGCE), indicó al respecto que "no creemos que las insolvencias de los consumidores finales haya encontrado la mejor solución. Además, en las empresas hay que intentar salvar el mayor número de puestos de trabajo y evitar lo que vulgarmente se conoce como el perisanazo, procurando que los acreedores recuperen el máximo de su deuda, por lo que son muy importantes los planes de viabilidad".
Dentro de la reforma que en estos momentos se encuentra en el Congreso de los Diputados (y que probablemente no se aborde en junio como está previsto), los economistas consideran que la ley debería cambiar su aplicación respecto a las personas naturales, a los consumidores individuales que se acogen a esta figura para buscar una forma ordenada de pagar sus deudas. "Hay que buscar una solución más ágil y rápida para los particulares que no pueden cerrar su negocio como sucede con las empresas; si la ley se aplicase estrictamente, los particulares estarían obligados a presentar un concurso tras otro puesto que su deuda no desaparece", señaló Leopoldo Pons.
Pons subrayó, además, que la reforma debe estimular la vía preconcursal e introducir un control judicial ahora inexistente en las fases de refinanciación y de negociación del convenio anticipado. "Las empresas que van a solicitar entrar en concurso de acreedores tienen posibilidad antes de que éste sea admitido por el juez, de reestructurar la deuda o negociar un convenio anticipado, generalmente, con los grandes acreedores -banca, grandes empresas- un momento en el que, por lo general, no participan los pequeños acreedores. El juez debería tener presencia en esta fase, con asesoramiento de profesionales especializados para evitar los desequilibrios que pudieran producirse".
Competencias del juez
Ambos especialistas apostaron por introducir sugerencias a la administración y posibles vías de mejora antes de que se aborde la reforma de la ley. Por ejemplo, los economistas apuestan por que la ampliación de las competencias del juez en la fase previa al concurso debería contemplar soluciones para otros problemas como, por ejemplo, la falta de coordinación con el resto de la normativa nacional para evitar situaciones paradójicas como que "por un lado, se legisle para dar a las empresas soluciones de viabilidad, y por otro, la administración sea la primera en no permitir la contratación con empresas que se han declarado en concurso de acreedores y que ni siquiera pueden conseguir una tarjeta de transporte", concretó Menargues.
En cifras concretas, en la Comunidad Valenciana, durante los tres primeros meses del presente año se han registrado 303 concursos, de los cuales 72 corresponden a la provincia de Alicante, 39 a la de Castellón y 192 a la de Valencia. En Elche en este periodo se han presentado 19 concursos.
Por otro lado, los economistas han corroborado que, aunque en los primeros años de la crisis el 35% de las empresas que presentaba concurso de acreedores estaba relacionada con el sector inmobiliario o de la construcción, actualmente, son empresas del sector servicios y del tejido industrial.
Un cambio que debe evitar la desaparición de los clubes de fútbol
La jornada de ayer sirvió también para analizar la especial situación que atraviesan algunos clubes de fútbol que no han podido hacer frente a los pagos y obligaciones que habían contraído y que en los últimos meses también han optado por declararse en concurso de acreedores para encontrar una salida ordenada al pago de sus deudas. En este sentido, Pons y Menargues explicaron que la Ley Concursal "ha permitido que muchos clubes que se han acogido a ella en los últimos años continuaran existiendo", algo que podría dejar de suceder en el caso de que prosperara la reforma que debe someterse a debate parlamentario y en la que se contemplaría que la aplicación de Ley de Deporte Profesional prevaleciera sobre la concursal. Eso significaría que un club con deudas anteriores a la declaración del concurso de acreedores (por ejemplo con jugadores) pueda descender de categoría, quedando fuera de la competición nacional e internacional y, por consiguiente, abocado prácticamente a desaparecer. "Tenemos casos cercanos como el del Hércules o el Levante que han optado por esta figura y la modificación que plantea la reforma de la ley sería perniciosa para los clubes porque les impediría continuar con la actividad deportiva. Si la propuesta prosperase, cuando un club instase el concurso o fuera forzado a ello no se emplearía la regla concursal del resto de empresas en crisis y, por lo tanto, su continuidad estaría en peligro. Por ello, habría que mantener la situación actual y en este sentido estamos planteando que la reforma se vea inmersa en un debate y en un análisis previo para adoptar las mejores soluciones", aseguró Leopoldo Pons.
