El PP dejará sin efecto el convenio firmado entre el alcalde saliente, Alejandro Soler, y los herederos del poeta Miguel Hernández que recoge el pago por parte del Ayuntamiento de Elche de tres millones de euros en concepto de una especie de alquiler por mantener durante un período de veinte años el legado del poeta en depósito en Elche. Transcurrido este tiempo sería necesario volver a negociar con la familia.

El acuerdo alcanzado entre el anterior equipo de gobierno del PSOE y la familia fue ampliamente criticado por el grupo municipal del PP cuando estaba en la oposición. Fuentes consultadas por este diario han confirmado que los populares, en el gobierno municipal a partir del 11 de junio, ya han iniciado consultas jurídicas para tratar de anular el convenio sobre el legado de Miguel Hernández.

Al parecer, la solución pasaría por considerar el documento como un convenio de intenciones, una especie de bases generales para su posterior desarrollo, con lo que no desarrollando estas bases se considera que quedaría anulado. Fuentes municipales explicaron que el documento establece para una segunda fase la creación de la Fundación Miguel Hernández y contempla que en caso de no constituirse sería necesario firmar una serie de contratos para pagar a la familia del poeta las cantidades acordadas. La intención del nuevo equipo de gobierno es la de no crear la fundación y cuando la familia reclame los contratos para los pagos negarse a ello.

Fuentes jurídicas admiten que la denuncia del convenio podría conllevar una reclamación por daños y perjuicios por parte de los familiares, pero ponen en duda que resulte sencillo demostrar que ha habido tal perjuicio. Los tribunales serían los que tendrían que resolver y se entiende que en caso de fallar en contra del Ayuntamiento habría que pagar por el tiempo de vigencia del convenio que sería de unos meses, una cifra ridícula, según apuntan, en comparación con los tres millones de euros que el equipo de gobierno socialista, que cesa el próximo 10 de junio, se comprometió a pagar en concepto de alquiler.

Aclarada la cuestión jurídica, la pregunta sería si Mercedes Alonso está dispuesta a sostener un pulso con los herederos del poeta Miguel Hernández ante una más que posible amenaza de que el legado se retiraría de Elche. Fuentes del PP indicaron en este sentido que la alcaldesa electa está dispuesta a no ceder, convencida, por una parte, de que contaría con el respaldo de la opinión pública y, por otra, de que ningún municipio haría una oferta económica como la realizada por el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que se plantea pagar a la familia tres millones de euros por un alquiler del legado a veinte años, cuando organismos del Estado han tasado el valor de compra en torno a los dos millones de euros máximo.

Negativa a abonar 7.000 euros al mes a los herederos por una cesión durante 20 años

La propia Mercedes Alonso cuestionaba a mediados de octubre del pasado año, como portavoz de la oposición, que el depósito del legado del poeta Miguel Hernández haya tenido un efecto cultural y turístico en la ciudad de Elche como aseguró para justificar la firma del convenio el hoy alcalde en funciones, Alejandro Soler. Alonso argumentaba para cuestionar la firma de un pago de tres millones de euros a los herederos del poeta por el depósito en Elche durante 20 años más que en los 24 años transcurridos hasta ese momento apenas había tenido impacto en la ciudad. La hoy alcaldesa electa afirmaba su disposición a que el legado permaneciera en la ciudad, pero en las mismas condiciones en las que había estado hasta entonces y acusaba a Alejandro Soler de dilapidar el dinero de la ciudad. Asimismo, Alonso cuestionó la creación de una fundación por entender que ya existe una en Orihuela y ya hizo referencia entonces a las valoraciones efectuadas por la Biblioteca Nacional (2,1 millones de euros) y el Archivo Histórico Nacional, una cifra inferior a la anterior. El pago de 7.000 euros mensuales a los herederos del poeta por parte del Ayuntamiento de Elche fue cuestionado entonces por la líder de la oposición que tratará de anularlo ahora, una vez sea proclamada alcaldesa.