El enfrentamiento entre la Conselleria de Medio Ambiente y la Comunidad de Riegos de Levante se ha acentuado después de que la directora general de Gestión del Medio Natural, María Ángeles Centeno, remitiera en la tarde del pasado día 30 de julio un escrito por fax a los regantes (del que se tuvo conocimiento oficial el lunes, día 2 de agosto) autorizando la desecación total de los embalses de Levante y Poniente "para evitar la mortalidad de las aves acuáticas por botulismo".
Sin embargo, la Conselleria pone como condiciones que esta desecación la realice la propia Comunidad de Riegos de levante y sea supervisada por personal de la Administración autonómica. Además, también se obliga a Riegos a retirar y eliminar todos los ejemplares muertos de peces y aves acuáticas de los citados embalses "para evitar que actúen como focos de transmisión de enfermedad", siendo también supervisada dicha tarea por personal de la Conselleria. Por último, se exige que las aves enfermas no muertas sean recogidas y entregadas para su traslado al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz.
La autorización se ha dictaminado, según explica en su escrito María Ángeles Centeno, tras comprobarse por parte de los técnicos de la Conselleria que "los bajos niveles de agua en los embalses, consecuencia de la falta de aportes y la evapotranspiración constituyen una situación de riesgo de aparición de botulismo" y una vez que ha terminado "la temporada reproductora de las especies más amenazadas (malvasía y cerceta pardilla) y que el continuo descenso de los niveles en los embalses aconseja su desecación, ya que las aves pueden encontrar refugio en charcas perimetrales o en el parque natural de las Salinas de Santa Pola".
La Comunidad de Riegos de Levante, tras denunciar la pasada semana la mortandad de miles de peces en el embalse de Levante, ya prácticamente seco, y advertir que el de Poniente lleva camino de correr la misma suerte, alertó al mismo tiempo del peligro inminente de un brote de botulismo que podría acabar con las especies de aves protegidas. No obstante, las condiciones impuestas por la Conselleria para proceder a la desecación de los embalses y cortar la posibilidad de que pueda aparecer el botulismo son inadmisibles para Riegos de Levante, cuya junta de gobierno acordaba el martes, día 3, presentar un recurso de alzada contra la citada resolución.
En el escrito, firmado por el presidente de la comunidad, Manuel Serrano, al margen de recordar los antecedentes de la actual situación crítica del parque natural, se rechazan las condiciones fijadas y se recuerda que la gestión medioambiental de El Hondo, por ley, "recae exclusivamente en la Conselleria de Medio Ambiente". Por este motivo, se consideran inaceptables las obligaciones de retirar y eliminar peces y aves muertas, así como la tarea de entregar a personal de la Conselleria las aves enfermas para su traslado a centros de recuperación.
Daños evidentes
Por otro lado, la junta de Riegos de Levante considera que la resolución para desecar los embalses "se adopta de forma tardía, cuando la desecación artificial resulta prácticamente imposible y el daño que se ha causado al ecosistema es evidente. Todo esto demuestra que la Conselleria desconoce el funcionamiento de los pantanos, lo que determina una evidente incapacidad técnica para la gestión del mismo".
Según Riegos de Levante, el desecado del embalse de Levante es "imposible materialmente, dado que se ha consentido que los efectos de la evaporación sean irremediables. La lámina de agua que queda es tan escasa que imposibilita su extracción por gravedad y esta comunidad carece de los medios técnicos necesarios para una extracción distinta. Desecar el embalse de Poniente resulta muy difícil, dado que se ha consentido que se haya iniciado una campaña de riegos de las comunidades cuya colaboración es necesaria para proceder el vaciado".
Asimismo, Levante asegura que "se ha producido un daño real a la fauna del parque, cuyas dimensiones exactas desconocemos, pero podrían haber afectado, incluso, a aves en peligro de extinción. Dicho daño viene provocado por la dejación de funciones de la Conselleria. Esta autorización llega demasiado tarde y la comunidad no va a asumir responsabilidades que no le corresponden, máxime cuando esas responsabilidades pueden tener consecuencias jurídico-penales evidentes. La autorización que se nos concede, tal y como se nos concede, pretende que asumamos la responsabilidad en la ejecución de una solución que, hoy por hoy, y aún en el caso de que fuera materialmente posible, que no lo es, no puede evitar ni corregir los daños que se han causado al ecosistema", se indica en el recurso.
