El Ayuntamiento de Elche estima que la Generalitat Valenciana adeuda a las familias ilicitanas con uno o varios integrantes que padecen algún tipo de discapacidad, más de seis millones de euros.
La concejala de Bienestar Social, Vicenta Pérez, así lo afirmó ayer al hacer balance de los últimos 12 meses de la asesoría jurídica que se puso en marcha hace dos años para ayudar a estos ciudadanos en sus trámites ante la Conselleria de Bienestar Social.
La abogada Pilar Peña, responsable de este servicio jurídico, recordó que desde el municipio ilicitano se han tramitado 5.008 solicitudes desde mayo de 2007, de las cuales, hasta la fecha, tan sólo han obtenido una resolución expresa 592, y no necesariamente efectiva por parte del Consell, es decir, apenas el 12% del total de peticiones.
Tanto Pérez como Peña remarcaron que los casos más graves sean aquellos que desde mayo de 2007 y también desde 2008, es decir, los expedientes más veteranos, continúan todavía a la espera de que se les responda desde la Administración autonómica. En concreto, señalaron que sólo en 2007 se cursaron 325 peticiones de ayuda conforme a la Ley de Dependencia, y en 2008, otras 431, que carecen todavía de respuesta.
Pilar Peña denunciaba ayer que "se obliga a los ciudadanos a luchar contra un sistema burocrático bastante pesado", ya que "hay que mantener activos los recursos cada dos meses para que no finalicen". Mientras, la edil de Bienestar Social opinaba ayer que todas estas demoras suponen toda "una patada al ciudadano" que no obtiene ningún tipo de resolución, al tiempo que criticaba que "el fallecimiento es causa de finalización del expediente para la conselleria, por lo que la familia tiene que seguir reclamando para lograr la retroactividad de las ayudas". Hasta la fecha cerca de 900 peticionarias de ayuda han fallecido.
De hecho, ambas responsables apuntaron que el 60% de las reclamaciones presentadas ante la Conselleria de Bienestar Social son de peticiones de retroactividad, es decir, de familiares que fallecieron sin recibir la ayuda que les correspondía, mientras que al final se han terminado por llevar una treintena de estos casos al contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
