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El presidente del Consejo General de los Colegios de Economistas, Valentí Pich, ha pedido hoy que no se penalice a las empresas que pidan un aplazamiento de sus pagos a la Administración con el fin de ayudar a éstas en su capacidad de recuperación y viabilidad.

"Lo importante, ahora, es ayudar", ha afirmado Pich, que esta mañana ha participado en un Foro Concursal dirigido a profesionales organizado por el Colegio de Economistas de Alicante en Elche.

Según un comunicado del Consejo General de Colegios de Economistas, Pich ha explicado que actualmente aquellas empresas que piden un aplazamiento de pago a la Administración, además de cumplir con "múltiples requisitos", deben pagar un recargo del cinco por ciento sobre el importe de sus cargas administrativas.

Para Pich, este recargo "no parece lógico", si lo que se pretende es "ayudar a las empresas que son viables".

Durante el foro, al que han acudido cerca de 250 profesionales, también se ha tratado la reforma de la Ley Concursal, responsable de regular los procedimientos judiciales que tratan de buscar una salida viable para las empresas en crisis o solucionar su liquidación y el cobro de las deudas.

En este sentido, el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, ha señalado que esta ley ha funcionado "bastante bien", pero ha apostado por "mejorar determinados aspectos", como "acortar" los plazos del concurso de acreedores.

De este modo, se pretende que el deterioro de los activos de las empresas que se someten a estos procedimientos judiciales sea mínimo.

Asimismo, el miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (REFOR) Antonio Rodríguez ha destacado la necesidad de conferir "más poder de decisión" a los administradores concursales para determinar en la primera fase del concurso si una empresa es o no viable.

"Así sería más fácil reflotar las empresas viables y liquidar las que no lo son antes de que se deteriore su situación", ha apuntado Rodríguez.

Por otra parte, Menargues ha afirmado que las entidades bancarias financian a quienes quieren comprar una de sus casas, pero "ponen trabas" a aquellos que quieren comprar viviendas a las promotoras, por lo que se está creando una situación de "disfunciones" en el mercado inmobiliario.

En cuanto a los datos de la provincia de Alicante, durante los primeros cinco meses de 2010 el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado 108 concursos de empresas, mientras que en 2009 la cifra alcanzada fue de 226.