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El Consell aprobará este mes el borrador del proyecto de Ley de Mediación de la Comunitat, con la que se pretende reducir la conflictividad de los procesos judiciales y el elevado número de litigios, ha anunciado hoy la consellera de Administraciones Públicas y Justicia, Paula Sánchez de León.

"Debemos impulsar un cambio" en el modelo en el se ha prestado el servicio de la Justicia y abogar "por una solución extrajudicial de conflictos: el arbitraje y la mediación", ha dicho la consellera, que esta mañana ha suscrito un convenio para la puesta en marcha de un servicio de mediación familiar en Elche.

Esta iniciativa, que ya ha entrado en funcionamiento con doce mediadores y una decena de alumnos en prácticas, cuenta con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Valenciano de Abogados.

Sánchez de León ha dicho que la mediación, generalmente aplicada a procesos y problemas de convivencia en el entorno familiar, educativo o vecinal, ofrece "una multitud de ventajas", como la agilidad del proceso, la reducción de los costes y unas soluciones "menos agresivas" para las partes implicadas en el conflicto".

La Ley de mediación del Consell, que estará circunscrita al ámbito del derecho privado (civil, laboral y mercantil) es, en opinión de la consellera, un método de gestión de conflictos que evita la apertura de procesos judiciales de carácter contencioso, cierra los ya iniciados o reduce su afectación.

"Todo ello permite agilizar el trabajo de los tribunales de justicia y evita la judicialización de determinados conflictos", ha añadido la consellera, quien ha añadido que la Consellería, además, mantiene un proyecto piloto de mediación en el ámbito penal en el municipio de Torrent (Valencia).

Por lo que respecta a la puesta en marcha en Elche de un servicio piloto de mediación familiar, cuya infraestructura colaborará con el juzgado de familia del partido judicial.

Sánchez de León ha explicado que este servicio, que funciona tres viernes al mes, contará con un equipo de doce mediadores, entre abogado, psicólogos y trabajadores sociales, y una decena de alumnos del curso de mediación que ofrece la Universidad Miguel Hernández.

De este modo, cuando entra un caso en el juzgado, el juez remitirá a las partes a la sesión informativa de mediación, aunque éstas, de común acuerdo, pueden solicitar por su parte la derivación a este servicio.

Una vez informados, si las partes optan por la mediación pedirán la suspensión del procedimiento judicial.

Finalizada la intervención mediadora y, si se llega a un acuerdo total o parcial, el mediador comunicará al juzgado esta medida para que se archive el expediente judicial y se entrega a las partes el acuerdo mediador alcanzado.

Si no hay consenso, se retoma el proceso judicial.