No fue una reunión sosegada y tranquila, precisamente, la que el alcalde de Elche y la concejala de Bienestar Social, Vicenta Pérez, mantuvieron ayer con la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, en el Ayuntamiento ilicitano. La situación de la aplicación de la Ley de Dependencia y las cifras dispares que desde ambos estamentos se ofrecieron provocó que aflorara la tensión en más de una ocasión y en las declaraciones ante los medios informativos, tanto en el encuentro de la Alcaldía como en la posterior comparecencia que Such y Soler hacían en el edificio de La Calahorra ante algunos ediles del PSOE y del PP.
Según los datos municipales, desde la entrada en vigor de la ley hace ahora ya casi tres años, han sido 4.519 las solicitudes tramitadas desde Elche y sólo se han atendido 537 casos con recursos ya aplicados, con un tiempo medio de 731 días desde la solicitud hasta la resolución final en unos casos y hasta de 2 años en el global.
Por ello, Alejandro Soler reclamó ayer de la consellera de Bienestar Social "un mayor apoyo y respaldo en todas estas ayudas para la ciudad", así como más celeridad en la resolución de los expedientes. "Tenemos un amplio retraso en las ayudas y le he pedido a la consellera que haga el máximo esfuerzo por acelerarlas, por atender cuanto antes las solicitudes de los grandes dependientes, que se pueda valorar hasta cuando se alargan las ayudas desde el momento de su petición y, en definitiva, flexibilizar al máximo la retroactividad que se pueda aplicar a estas ayudas y la compatibilidad con otro tipo de apoyos", indicó el alcalde.
Por su parte, Angélica Such, reconoció que "la ley de Dependencia en sus tres años en funcionamiento ha sido una ley difícil de aplicar y que ha conllevado esperas indebidas. Hemos cerrado 2009 con 30.200 personas atendidas en la Comunidad. Ha habido un incremento del 80% el pasado año en las resoluciones de dependencia. La situación ha mejorado. Este año se aplicarán unas nuevas normas que vendrán a acortar la tramitación de los expedientes. Estamos trabajando en estas normas con los representantes de las personas con dependencia. Con la nueva normativa serán tres meses para la valoración y tres meses para la resolución. Desde el momento de la solicitud en el ayuntamiento, serán seis meses de plazo máximo", aseguró.
Grado en vigor
La consellera cuestionó las cifras municipales. "Ahora mismo, en Elche las solicitudes están valoradas en el 97% y son algo más de 4.000, pero no quiere decir que todas las personas sean dependientes o tengan su grado en vigor de conformidad con la ley. Personas dependientes, con grado en vigor ahora mismo, tenemos alrededor de 3.000 y están atendidas ya con un recurso 1.200 personas", afirmo.
La consellera destacó que "ha habido este año un esfuerzo presupuestario por parte de la Generalitat y el programa de atención a la dependencia es el que más crece, con un incremento del 22%, y estoy convencida que con este incremento y con las nuevas normas que estamos trabajando, la aplicación va a ser mucho mejor en beneficio de las personas que tienen el derecho a ser atendidas"
Además, Such aprovechó para lanzar también una reivindicación al Gobierno central. "Nuestra demanda es solicitar del Ministerio que financie el sistema de atención a la dependencia en el 50% y que no sea sólo en un recurso, como es el cuidador, sino que cuando el recurso sea mucho mayor, como puede ser una residencia, también la financiación sea al 50%, ya que para que se mantenga el sistema es necesario que esté correctamente financiado y que se cumpla lo que dice la memoria económica de la ley, que es que entre las dos administraciones se financie al 50%", manifestó.
Presentación de los proyectos del Plan Confianza
La consellera Angélica Such presentó en La Calahorra los cuatro proyectos del Plan Confianza en los que la Conselleria de Bienestar Social colabora en Elche: centro de día y residencia para enfermos mentales, centro para personas mayores con Alzheimer, centro juvenil de La Hoya y albergue juvenil. En total, más de nueve millones de euros de inversión. El edil José Manuel Sánchez pidió ayer al Consell que "tome ejemplo del Plan E e invierta en las arcas municipales el 85% del presupuesto de las obras para hacer frente a los pagos, según certificaciones".
Por otro lado, respecto a los servicios sociales en general, el alcalde, Alejandro Soler, aprovechó para reclamar que la Generalitat destine el 75% de los fondos económicos necesarios "y no el 25% como ahora está haciendo, mientras que el Ayuntamiento corre con el 75% del gasto", afirmó el primer edil ilicitano.
