Situación límite en la Justicia

N. IGLESIAS De lo Social, a lo Contencioso pasando por las apreturas económicas de psicólogos y abogados de oficio. La Justicia ilicitana afronta un cierre de ejercicio marcado por la crisis y por antiguas reivindicaciones que continúan en el apartado de asignaturas pendientes. El pulso de este año llega así marcado por diferentes protestas y dos jornadas de huelga, que en la ciudad consiguieron uno de los respaldos más significativos de toda la Comunidad Valencia por parte de jueces y magistrados.
Esta situación límite ha puesto desde el pasado mes de noviembre contra las cuerdas a los profesionales de los juzgados de lo Social. Los tres órganos de esta jurisdicción con los que cuenta Elche asumen cerca de 5.000 asuntos, con una plantilla "insuficiente y más reducida que en otras áreas como Alicante, a pesar de recibir una media de 200 asuntos más", explicaban los afectados. Por este motivo, sus exigencias se centran en "el cumplimiento de un plan de refuerzos que permita asumir con más personal el aumento de causas, en temas como los despidos, que aquí han ido incrementándose y que por su naturaleza no pueden demorarse", subrayaban los propios trabajadores, quienes desde hace más de un mes secundan paros semanales a las puertas de los juzgados.
Las restricciones han salpicado también a la sección séptima de la Audiencia, con sede en Elche. La pérdida de un magistrado de refuerzo asignado a esta sala ha dificultado el flujo de trabajo, en una parcela que aborda, como indicó su propio presidente, José de Madaria, el 42% de los procedimientos de la provincia. Una advertencia puesta sobre la mesa, con motivo del décimo aniversario de la sección, del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa. Áreas como Familia o el propio turno de oficio no han escapado a las turbulencias de la actual situación económica. Los impagos contraídos con psicólogos forenses y letrados por parte de la Conselleria de Justicia amenazaron la continuidad de los servicios.
En el caso de los primeros, las deudas acumuladas dejaron reducida a cero la bolsa de profesionales encargada de dar cobertura a los requerimientos del juzgado especializado en Familia. Por su parte, los abogados del turno de oficio, un total de 277 en Elche, arrastraban los impagos desde hace meses. Una deuda que ascendía, en el conjunto de la Comunidad, a casi cinco millones de euros y que, esta misma semana, fue saldada por la Administración.
La falta de fondos dejaba también en el aire el proyecto de mediación en el juzgado de Familia. Una iniciativa para la que, como confirmaba el Colegio de Abogados, se ha tenido que recurrir a la "búsqueda de financiación externa" para que el servicio no quedara bloqueado. De igual manera, las limitaciones monetarias y las demoras en la sustitución de personal están dificultando, según fuentes del sindicato Comisiones Obreras, el día a día de los diferentes juzgados. Fruto de esta situación, el servicio prestado por el Registro Civil de Elche quedó reducido a una única personas durante cerca de tres semanas. Por su parte, los trabajadores interinos acumulan retrasos de dos años en el cobro de los trienios.
Exigiendo medidas eficaces, CCOO calificó de "desnortado" el balance de este ejercicio. Un año "perdido por la falta de inversiones y por la adopción de parches en cuestiones como las carencias de medios humanos ya que, se requeriría de un 30% más de plantilla para poder cumplir con los módulos establecidos por el Consejo".
La necesidad de mejoras ha acompañado también a los trabajadores del juzgado de lo Contencioso desde el primer mes de rodaje de 2009 cuando, los malos olores obligaron al personal a abandonar las dependencias. Una situación denunciada por los afectados, al manifestarse estas deficiencias de forma reiterada durante el transcurso de los meses. El problema se zanjará en 2010, de no demorarse las obras, con el traslado de este órgano, de forma anticipada, a las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia de Elche.