La petición de los directores de los institutos de Secundaria de adelantar los exámenes de recuperación de septiembre al mes de junio, al final del curso escolar, ha obtenido un rechazo absoluto por parte del colectivo de los padres de alumnos tanto del sector público como del concertado y privado.

Ninguno de estos colectivos en las conferederaciones de padres de los centros públicos y de la enseñanza concertada está de acuerdo con una medida sobre la que la Conselleria de Educación no ha adoptado "ninguna decisión" -según indicaron ayer a este diario-, aunque ante los propios representantes de los directores miembros del dedpartamento de Font de Mora hayan hablado de "llevar a cabo un estudio con números en la mano", como precisó el portavoz de la Asociación de Directores de ESO en la Comunidad, Vicent Baguetto. "De entrada no han rechazado nuestra solicitud", concluyó.

Pero los padres no quieren ni oír hablar del tema: "Los alumnos que no alcanzan las enseñanzas mínimas durante el curso necesitan refuerzo y tiempo para poder asimilar los conocimientos de todo el año escolar".

El argumento de Gemma Piqué, presidenta de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya, mayoritaria de la pública en la Comunidad, coincide plenamente con el de José Antonio Ranchal y Ramón López desde la Confederación Covapa y la Federación provincial Gabriel Miró respectivamente, -la última mayoritaria entre los centros públicos en la provincia-. "Que los institutos necesiten más administrativos para la gestión no tiene nada que ver con las oportunidades de los alumnos para examinarse", corrobora Ranchal.

Y para que no haya tanto suspenso -extremo en el que basan los directores su petición de cambios en el calendario escolar ya que más de la mitad de los estudiantes de ESO acaba el curso con alguna pendiente, como subraya Laura Oliva, portavoz de los directores de la provincia- los padres de la Gabriel Miró reclaman que el refuerzo escolar se generalice y sea obligatorio a base de dotar las aulas de más profesores frente a la situación actual en que depende de la voluntariedad del profesorado.