El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Elche, del año 2007, que anulaba el descuento de un 15,52% en el salario que el Ayuntamiento venía realizando desde 2005 a las educadoras de las Escuelas Infantiles Municipales, por ser su jornada laboral inferior a la del resto de funcionarios municipales.
El conflicto arranca en el año 2005 cuando las educadoras de las Escuelas Infantiles Municipales pasaron a ser funcionarias -antes pertenecían al cuadro laboral- y el área de Recursos Humanos decidió descontarles una media de unos 200 euros mensuales por ser su jornada laboral anual de 1.347 horas, frente a las 1.594 del resto de funcionarios de la Administración local, debido a que este colectivo sigue el calendario vacacional de los centros educativos.
El Tribunal Superior desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento y confirma lo decidido por el Juzgado de lo Contencioso número 1, por lo que el Ayuntamiento deberá devolver el dinero descontado a las trabajadoras de las Escuelas Infantiles, un centenar, así como abonar intereses.
El fallo judicial inicial era contundente con respecto al planteamiento del Ayuntamiento, al que recordaba que "lo que no tiene sentido es que al personal que cumple estrictamente todas las horas que le indica la Administración de que dependen, es decir, que cumple la jornada laboral asignada por la empleadora, se le descuenten proporcionalmente sus retribuciones como si se tratara de personal que no cumple con su horario".
Pese a que en la resolución judicial del año 2007 se especificaba que "contra la misma no cabe interponer recurso", el Ayuntamiento formalizó uno que fue admitido, considerando un auto del TSJ de septiembre de 2008 que el recurso de apelación estaba mal admitido, insistiendo de nuevo la Administración local en interponer un recurso de súplica que ha sido ahora desestimado.
La iniciativa del Ayuntamiento ha supuesto un retraso de dos años en aplicar el fallo judicial inicial que obliga a devolver el dinero a las educadoras de las Escuelas Infantiles Municipales.
