El equipo municipal especializado en casos de absentismo escolar registró el pasado curso un total de 135 asuntos en los que se reclamó la intervención policial para advertir a las familias de su obligación de llevar a los niños al colegio. Un paso que se produce en aquellas situaciones en las que los padres hacen caso omiso de las notificaciones tramitadas desde los centros y desde la propia concejalía de Educación, obligando a que sean los efectivos policiales quienes comuniquen los avisos y sus consecuencias.

El control efectuado en esta parcela ha permitido reducir el número de grandes ausencias entre los escolares ilicitanos pero, aún así, el pasado curso 2008-09 se cerró con un total de 19 expedientes trasladados a la Fiscalía de Menores para su evaluación. Realidades extremas en las que ni la presencia de la Policía Local consiguió reconducir.

La concejal de Educación en el Ayuntamiento de Elche, Blanca González, explicó que el trabajo que se está realizando en esta materia es "intenso" y con el paso de los años se ha logrado "una importante coordinación entre las diferentes administraciones y colectivos de seguimiento". Un dispositivo que permite actuar de forma inmediata cuando se producen ausencias injustificadas y que el curso pasado concluyó con un total de 630 casos, en los que se detectó algún parte de absentismo entre los escolares de Infantil y Primaria.

El operativo trabaja, según precisó la edil, a través de dos comisiones de seguimiento en las que están representados diferentes colectivos que engloban, desde asociaciones de padres o policías, a representantes de la administración. El trabajo en estos grupos se divide entre las denominadas comisiones de zona, que "evalúan y valoran los casos que requieren mayor observación, con reuniones cada dos meses" y un segundo entramado municipal que inspecciona el balance de las actuaciones a través de dos revisiones anuales, a principio y final de curso.

González destacó, además, el importante trabajo que se está realizando desde los centros, ya que "son ellos los que por medio de los controles de faltas detectan que casos requieren de actuación". A partir de estas alertas es cuando comienza "un camino de entrevistas con los padres" que, en aquellos supuestos en los que se eluden o no se corrige el comportamiento, los expedientes se trasladan a las Consellerias de Educación y Bienestar Social, pudiendo llegar, en los supuestos más graves, a los juzgados.