La provincia de Alicante es, de las tres de la Comunidad Valenciana, la que más ayudas va a captar de cara a este nuevo curso 2009-2010 para atender de manera específica a los alumnos denominados superdotados, aunque también parte de este dinero se destinará a otros planes de innovación educativa.
La Generalitat Valenciana ha presupuestado para el nuevo curso recursos para atender a este tipo de diversidad en las aulas, por valor de 150.000 euros, aunque de momento ha consignado una primera cantidad de 112.500 euros. De esta última cifra, la suma de 45.000 euros ha sido captada por colegios e institutos de la provincia.
En definitiva, esta iniciativa de innovación educativa busca fomentar "el enriquecimiento curricular y atender al alumno con altas capacidades", según fuentes de la Administración autonómica.
En concreto, se han otorgado 25 subvenciones, de las que 10 irán a parar a la provincia alicantina. Asimismo, la mitad de éstas recaerán en centros educativos de Elche, que son los que de manera más mayoritaria han reaccionado ante esta convocatoria.
La mayoría de los centros recibirá una dotación económica de 4.500 euros para cada uno, y en algunos casos supone la incorporación de nuevos docentes. Con este fin cada colegio e instituto ha tenido que desarrollar un proyecto con unos fines concretos.
En la provincia, los centros beneficiarios de esta ayuda el próximo curso serán los institutos Bahía de Babel, San Blas y Figueras Pacheco, de Alicante; el IES Número 2 de Aspe; el IES Valle de Elda; el colegio ilicitano Luis Vives; y los institutos Carrús, Cayetano Sempere, Misteri d'Elx y Sixto Marco, de Elche.
Esta subvención forma parte del plan de la Conselleria de Educación que ya puso en marcha el pasado curso de forma experimental y que se prolongará durante tres años.
Con esta iniciativa se persigue "mejorar el desarrollo de las competencias básicas fomentando el enriquecimiento curricular del alumnado en general y la atención del alumnado con altas capacidades, con el fin de elevar el éxito escolar en los centros participantes, evaluar los resultados obtenidos y generar buenas prácticas para su posterior difusión y regulación", según se señala desde la Administración autonómica.
