La sección séptima de la Audiencia, con sede en Elche, ha archivado la causa abierta contra el alcalde de la ciudad, Alejandro Soler, por los presuntos pagos irregulares de actos del PSOE con fondos públicos, denunciados en los juzgados por el Partido Popular.

La institución provincial ha estimado el recurso que presentó la defensa del primer edil contra la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 4 de Elche -encargado de la investigación del caso- de iniciar un procedimiento abreviado contra Soler por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El auto dictado por la sección séptima sustenta su pronunciamiento a favor del cierre del proceso en la imposibilidad de determinar la existencia "de una clara conciencia de ilegalidad o arbitrariedad" en la ejecución de los pagos, supuestamente irregulares, así como de "presumir un ánimo de defraudar" por parte de Alejandro Soler, que en aquel momento ocupaba el cargo de concejal de Hacienda en el Consistorio ilicitano.

Haciendo referencia a numerosa jurisprudencia y al recurso que trasladaron a la sala los abogados del propio alcalde, los magistrados respaldan la argumentación planteada por la defensa del primer edil en la que se expone que la causa no puede sustentarse de forma única en un sólo indicio como es, en este caso, la firma de Soler.

Así, recogen en el auto las exposiciones de los letrados sobre la existencia de un error administrativo y no de dolo, justificadas en aspectos como la "dificultad" de determinar cuál es y cuál no un pago institucional, cuando "se da la coincidencia", como en este asunto, de que la misma persona ostentaba la "condición de concejal de Hacienda y de candidato a la alcaldía", además del hecho de que una de las dos facturas que investigaba el juzgado fue "abonada" de forma voluntaria "dos años antes de que se llevaran a cabo estas actuaciones".

La decisión de la Audiencia profundiza, de igual manera, en la circunstancia de que con anterioridad a la intervención de Soler no se apreció, por parte del personal funcionario, "irregularidad alguna que acreditara con claridad meridiana la presencia de una acción arbitraria, y por ende delictiva" en los pagos.

El auto judicial refleja también que el Consistorio afronta cada año miles de facturas rubricadas por el concejal de Hacienda y entiende que los hechos investigados son una irregularidad administrativa a subsanar con la nulidad del pago.

La imputación de Soler se produjo después de que, el pasado 25 de febrero, el PP ilicitano se querellara contra él por las anomalías detectadas en el pago de dos facturas al grupo local de comunicación Prensa y Noticias, que alcanzaban unos 6.000 euros y que llevaron al primer edil a declarar ante el juez en calidad de imputado.

Por otra parte, la Audiencia rechaza la ampliación de la querella solicitada por el Partido Popular, con otros dos pagos de características similares a los denunciados en un primer momento por la formación, para evitar una "sucesiva e ilimitada ampliación de un proceso penal incoado a partir de unos hechos concretos".

Sin embargo, añade que "nada impide" a los populares presentar nuevas querellas por "aquellos hechos que el partido considere que son delictivos".

Rechazan la unión de las facturas de Avilés

La causa archivada por la Audiencia contra Soler es paralela a otro proceso abierto en el juzgado de Instrucción número 1, en el que se investigan diversas facturas presentadas por el PP sobre pagos presuntamente irregulares autorizados, en este caso, por la ex edil de Hacienda Ángeles Avilés.

La decisión adoptada ayer por la sección séptima está relacionada con este proceso ya que, se ha desestimado el recurso en el que la acción popular -representada por el PP-, pedía la acumulación de estas facturas a las dos evaluadas por el juzgado de Instrucción número 4.

Los magistrados han rechazado la unión de los documentos en una única causa, al entender que los pagos los avalan personas diferentes y que por "lógica", de plantearse la imputación de Soler por las segundas facturas, cuando él era alcalde y Avilés concejal, se hubiese tenido que pedir la imputación contra ellos, sino como autores directos sí al menos como cooperadores necesarios.