En declaraciones a Efe, el letrado ha explicado que la fiscalía también ha pedido la inhabilitación de los dos policías para desempeñar cargo público, así como una indemnización de 180.000 euros para la familia, que pagaría el Ministerio de Interior en concepto de responsable civil subsidiaria.
Akpitaye, de 23 años, murió el 9 de junio de 2007 en el interior de un avión de Iberia cuando era deportado a Nigeria, junto a dos compatriotas, bajo la vigilancia de dos agentes de paisano de la Policía Nacional -imputados en esta causa-, lo que hizo que el aparato aterrizara en El Altet después de haber despegado poco antes de Barajas (Madrid).
De Bernardo ha explicado que la acusación particular dispone de diez días para presentar su calificación, si bien ha adelantado que se inclina por acusar a los policías implicados de un delito por homicidio doloso eventual, que, según el código penal, conlleva una pena que oscila entre los 10 y los 15 años de cárcel.
De este modo, la acusación particular cree que los policías "conocían el riesgo" y que no hicieron nada por evitar la muerte del joven, por lo que considera que la consintieron, mientras que la petición del ministerio público supone que los acusados sabían que el nigeriano podía fallecer, aunque no lo deseaban.
Asimismo, el letrado de la familia ha opinado que no cabe aplicar circunstancias modificatorias de las penas, como eximentes o atenuantes.
El caso lo instruyó el juzgado número 1 de Elche hasta diciembre de 2008, cuando la Audiencia Provincial de Alicante asumió la instrucción para determinar si juzgaba a los dos policías por estos hechos.
De Bernardo se ha mostrado satisfecho por la calificación del fiscal y por el hecho de que, hace un año, la Audiencia Provincial decidiese transformar la imputación inicial de los policías desde un juicio de faltas por uno por comisión de un delito.
La fecha para la celebración del juicio aún no se ha determinado, aunque De Bernardo ha estimado que se producirá "después del verano".
