El enquistamiento en las irreconciliables posiciones entre los pequeños propietarios de suelo en el sector de l'Aljub y de los propietarios del centro comercial allí instalado ha llevado al Ayuntamiento a desistir de asumir la gestión directa de la programación urbanística del sector que fue planteada en marzo de este año tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que anula todos los documentos de planeamiento de un sector que está casi plenamente desarrollado.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de consenso entre las partes y ante la previsible presentación de todo tipo de alegaciones y recursos, el área de Urbanismo municipal ha optado finalmente por considerar que el suelo del sector ya es urbano y por adaptar la realidad física que en esa zona de la ciudad hay a un documento de planeamiento que permita desbloquear la concesión de licencias de obras e instalación a los pequeños propietarios, ya que la superficie comercial está prácticamente desarrollada en su totalidad. Las licencias podrían aprobarse en el primer trimestre de 2009.
El concejal de Urbanismo firmaba ayer el decreto de exposición pública del plan de reforma interior del sector E-7, el del Aljub, con el que se viene a subsanar todo aquello que en estos momentos incumpliría el Plan General de Ordenación Urbana. El plan modifica el planeamiento vigente para que refleje la realidad existente en la zona y prevé el futuro cruce del barranco.
"El Ayuntamiento tiene que tomar una decisión, que es lo que estamos haciendo, lo que existe allí lo llevamos al planeamiento y así permitimos que se den las licencias de obras que faltaban. Ahora todo el mundo puede actuar en igualdad de condiciones", manifestó el concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, quien considera "más sensato" la opción por la que se ha decantado finalmente el Ayuntamiento, ya que "no íbamos a hacer que se levantaran las calles con todo lo que ello conlleva", ya que lo construido en el sector no cumple la normativa en cuanto a los viales en algunos puntos, favoreciendo claramente a la superficie comercial, y algunas parcelas se han quedado con una superficie inferior a la que debieran tener, algo que reconoce la propia Administración local.
La decisión municipal de considerar la zona urbana y la desaparición, según el Ayuntamiento, de la empresa urbanizadora provoca que ésta no pueda reclamar por la vía administrativa las cuotas de urbanización a los pequeños propietarios. Desde la asesoría jurídica de Urbanismo se explicaba ayer que el Ayuntamiento actúa con esta decisión para resolver el problema de disciplina urbanística existente al facilitar que se obtengan todas las licencias y así se elimina la ventaja que unos propietarios -el área comercial- tiene sobre otros y se dejan las cuotas de urbanización y las indemnizaciones por pérdida de superficie para que las resuelva la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
Quince años de conflictos y hechos consumados
El Ayuntamiento es consciente de que los problemas en el sector de l'Aljub no han finalizado y que la decisión adoptada ayer generará todo tipo de alegaciones y recursos, prolongando en el tiempo 15 años de conflicto urbanístico para la instalación de una gran área comercial con la que se ha seguido un proceso administrativo ilegal, que han acabado anulando los tribunales, cuando ya nada tenía sentido, puesto que el centro comercial estaba consolidado. Con el centro comercial de l'Aljub, como con otros proyectos urbanísticos conflictivos, se va a aplicar la política de hechos consumados y la normativa se adaptará a esta consumación de hechos.
