INFORMACION y Levante-EMV llevarán al Tribunal Constitucional un fallo del Supremo

REDACCIÓN La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto a favor del recurso de casación interpuesto por el grupo popular de las Cortes Valencianas contra la sentencia de un juzgado de Valencia, confirmada por la Audiencia Provincial, que condenó a dicho grupo por lesionar el honor de las sociedades editoras de los periódicos Levante-EMV e INFORMACION.
Los hechos que desencadenaron el proceso judicial se produjeron hace siete años, cuando ambos periódicos informaron de los problemas surgidos en la inauguración del parque temático "Terra Mítica". El grupo popular de las Cortes no rebatió dichas informaciones, pero difundió un comunicado a través de la agencia Efe en el que, a juicio de Levante-EMV e INFORMACION, se descalificaba a ambos medios de comunicación. Dicho comunicado fue considerado lesivo por el juzgado de primera instancia 12 de Valencia, cuya condena al grupo popular, primera de este tipo emitida en España, fue confirmada por la Audiencia.
El Supremo ha admitido ahora, sin embargo, el recurso de casación interpuesto por el grupo popular, argumentando que la "proyección pública" de ambas partes mitiga la gravedad de los hechos y considerando que "ambas partes son beligerantes en torno a un hecho que, al margen de su oportunidad, tiene un marcado matiz político o, al menos, así lo han convertido los litigantes; los cuales forman parte de la panorámica pública y política (É) e inciden en afianzar sus posturas con argumentos y expresiones que forman parte del propio debate". Es decir, el Supremo pone en un plano de igualdad una información sobre unos hechos realmente ocurridos y no rebatidos (una protesta de los visitantes contra el mal funcionamiento durante los primeros días de Terra Mítica), con una opinión política difundida mediante una empresa pública.
Los servicios jurídicos de Editorial Prensa Valenciana y Editorial Prensa Alicantina, editoras de Levante e INFORMACION, recurrirán la resolución del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, por entender que este fallo vulnera derechos recogidos en la Carta Magna.