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REDACCIÓN
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha retirado la multa de 305 euros que su Comisión Disciplinaria impuso a la juez de Dénia, Laura Alabau, quien criticó en un escrito al Gobierno y a la Fiscalía las bodas de parejas homosexuales. Así lo acordó en la última sesión plenaria el actual Consejo por nueve votos a favor, de la mayoría conservadora, y ocho en contra, de los vocales de la minoría progresista, quienes han anunciado votos particulares. Según informó el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, el pleno ha estimado el recurso que la juez interpuso contra dicha multa por una falta grave y la deja sin efecto. Alabau cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales, se negó a celebrarlos y rechazó la solicitud de varias parejas de homosexuales extranjeros para contraer matrimonio alegando que en sus países no estaba reconocido.
El pleno asume así el informe del ponente, el vocal nombrado a propuesta del PP José Merino, quien proponía al pleno dejar sin efecto la sanción al enmarcarse dicho escrito dentro del derecho a la libertad de expresión. En el escrito que la juez dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia Alabau se quejaba de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y atribuía a la Dirección General de Registros, "una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos". Además indicaba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido "vergonzosamente en un apéndice del Gobierno".
Las reacciones a esta decisión del CGPJ no se hicieron esperar, así el "Col·lectiu Lambda" tildó de "indignante" la decisión del CGPJ de "perdonarla" y considera que "es inaceptable que una jueza que ha vulnerado derechos básicos de lesbianas y gays haya pretendido presentarse como víctima de una persecución". La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y la Confederación Española COLEGAS denunciaron que el CGPJ "antepone sus prejuicios a la ley y el amiguismo a la Justicia" y Pedro Zerolo, secretario de Movimientos sociales del PSOE, tildó la decisión de "vergonzosa", "increíble" y "corporativista".
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