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M. J. SANMARTÍN
Los vecinos afectados por el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre en Gran Playa y Playa Lisa tienen previsto no entrar al acto de apeo en el que está programado que se encuentren con el jefe de Costas. La reunión está fijada para el jueves, a las 11 horas en el club Náutico pero los residentes han acordado permanecer en el exterior y exponer con pancartas la situación que viven.
El portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, el abogado José Ortega, explicó que "entrar o no a la reunión es lo mismo" ya que ésta tiene por objeto mostrarles a los vecinos la delimitación del dominio público. Los residentes expresan que no se trata de una manifestación ya que la asociación no ha hecho ninguna convocatoria. De hecho, los vecinos "se limitan a acudir a la citación recibida de la demarcación de Costas, pero sin entrar al salón".
En su lugar, los afectados por el deslinde reunidos en la asociación, unas ochenta familias, se mantendrán en el exterior, donde tienen previsto repartir unos folletos en los que manifiestan que mientras que el Gobierno tramita "un deslinde de la Ley de Costas para quitarnos nuestras viviendas que fueron construidas en los años setenta fuera del dominio público y con todos los permisos y autorizaciones, permite que se construyan hoteles y complejos a la orilla del mar que no cumplen con esta normativa". Además, citan expresamente que "le parece muy bien (al Gobierno) que José Blanco se construya un ático junto al mar en la isla de a Arosa, en un complejo para privilegiados de su partido".
En este sentido, Ortega expresa que con esta acción se espera que el Gobierno se dé cuenta de "esta contradicción" y que se trata de "un deslinde duro y, al mismo tiempo, de que los ciudadanos no sólo saben recibir guantazos".
La asociación de afectados por este deslinde ha comunicado por escrito sus intenciones, así como el contenido del folleto que van a repartir a la vicepresidenta del Gobierno, al delegado y subdelegado y a la demarcación de Costas.
El deslinde de Gran Playa y Playa Lisa afecta a unas cien viviendas construidas en la década de los 70 que pasarían a quedar en suelo de domino público y sujetas a un régimen de concesión administrativa de 30 años con posible prórroga y los afectados no recibirían ninguna compensación.
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